Notas

En el marco de la discusión de fondo, 16 convencionales ingresaron una iniciativa de norma para garantizar el derecho humano al agua y a su saneamiento dentro de la nueva Constitución.

La propuesta fue respaldada por 41 constituyentes, entre ellos la mesa directiva compuesta por Elisa Loncon y Jaime Bassa, además de representantes de de Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente, Frente Amplio y Chile Digno.

Siguiendo estándares internacionales en la materia, la normativa indica que “toda persona, sin discriminación, tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y doméstico”.

También establece que “el Estado deberá velar por la satisfacción de este derecho atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos, teniendo especial consideración por quienes habitan en territorios rurales, periurbanos e indígenas. Este derecho deberá satisfacerse preferentemente a partir de fuentes de aguas continentales”.

“Toda persona y comunidad tiene derecho al acceso, desde el punto de vista físico, ecológico, cultural y económico, en todos los ámbitos de la vida, a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable, que proporcione intimidad y garantice la dignidad, teniendo en consideración la protección de las labores de cuidado, y de las necesidades especiales de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad”, añade.

En un punto de prensa desde el Congreso de Santiago, la convencional Manuela Royo (Movimientos Sociales) explicó que la norma constitucional fue ingresada a la Comisión de Derechos Fundamentales, «toda vez que a lo que apunta es a asegurar el derecho humano de acceso al agua».

En esa línea, explicó que «también existen otros derechos que son parte de los derechos de la naturaleza, de las funciones de los ciclos ecológicos, pero eso va en la comisión N°5 (de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico)».

Royo destacó que «es histórico, es primera vez que una Constitución en Chile establece el derecho humano al agua, lo que consideramos que es un gran avance».

Frente a eventuales conflictos de intereses, remarcó que «no estamos hablando ni de propiedad, ni de otros temas que se van a debatir posteriormente. En este caso, lo que estamos hablando es derecho al agua y trasciende los intereses particulares. Estamos hablando del bien común, del derecho de todas las personas a acceder a ello. Consideramos que es una norma transversal y que no inhabilita a nadie de su debate».

Además, acusó que «la Constitución de 1980, el único lugar donde se refiere al agua, es el artículo 19 N°24, inciso 11. Donde establece que respecto al agua existen derechos de propiedad. En ese contexto, esta iniciativa busca un cambio radical, que aborda el derecho al agua desde los derechos humanos».

Por su parte, la convencional Carolina Vilches (Movimientos Sociales), quien además habita la provincia de Petorca, acentuó «lo importante de recuperar el agua para las comunidades y territorios. Es por eso que hemos presentado junto a más de 40 convencionales de distintos colectivos la norma del derecho humano al agua y a su saneamiento».

«Más del 45% de la población sufre y está bajo escasez hídrica, y sabemos que es importante enfrentar la emergencia climática con soluciones concretas y estructurales», lamentó.

En tanto, su par Yarela Gómez (Frente Amplio) advirtió que «no es solamente la sequía, es el saqueo, y nosotros estamos tratando de avanzar hacia el derecho humano al agua, consagrarlo de acuerdo a estándares internacionales, porque estamos dando muestras claras de que la Convención avanza en esos problemas».

Finalmente, la convencional Ivanna Olivares (Pueblo Constituyente) indicó: «Tenemos un mandato claro. Devolver las aguas a sus cauces, garantizar el acceso de las comunidades, de los pueblos, de las personas, al agua pura, limpia, sana, sin contaminación. Es un mandato del cual estamos dando un inicio importante, entregando la norma por el derecho humano al agua».

Los impulsores de la iniciativa destacaron que la normativa internacional en la materia se remonta al 28 de julio de 2018, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas declaró en su Resolución A/RES/64/292 el Derecho Humano al Agua y Saneamiento.

Según indican, la ONU reconoció «la responsabilidad de los Estados de disponer de agua en condiciones adecuadas y sanitarias en condiciones equitativas, como un componente esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Consagrando así el derecho de disponer de agua potable en cantidad y calidad para necesidades básicas, como condición inherente de toda persona, como componente básico para la dignidad».