La polémica por la norma que busca limitar la duración de los cargos de los jueces en el país que fue aprobada por la comisión de Sistema de Justicia de la Convención Constituyente (CC) continúa entre este organismo y la Corte Suprema.
Al respecto, el vicepresidente de la CC, Gaspar Domínguez, declaró en la mañana de este miércoles, en una entrevista a radio Agricultura, “la Constitución actual establece, en el artículo 77 y 79, que la Corte Suprema puede manifestarse si se le consulta a relación a leyes que puedan modificar el propio Poder Judicial. En realidad, no estamos haciendo leyes. Estamos poniendo una propuesta de Constitución que cambia el sistema judicial. Por cierto, esto está como en la frontera, de lo que uno pudiera decir corresponde, o no, que se manifieste”.
“Entendiendo que este es un proceso ciudadano, amplio y de deliberación y discusión, yo diría que la voz de los jueces y ministros de la Corte Suprema es una voz más dentro de la discusión, por cierto, que son personas con vasta trayectoria y es razonable escucharlo, pero lo más importante es precisar que la decisión final de esta discusión la tendrán los propios convencionales de esa discusión, luego el pleno y la ratificación de la ciudadanía en el plebiscito”, afirmó.
Agregó que “las otras voces que lleguen de otros poderes, de organizaciones, son voces dentro de la participación, pero no inciden, o de alguna manera, no define la resolución que se tome”.
Domínguez aclaró que “los ministros de la Corte Suprema básicamente están diciendo ‘oye, yo no quiero que me expongan cada diez año a un examen de evaluación, yo quiero ser ad eternum hasta los 75 años’. Esa es su posición que están manifestando, están opinando sobre su propio cargo, su propio trabajo, sus propias condiciones laborales, y tienen algunos argumentos que tiene que ver con la independencia de los poderes y otras cuestiones”.
“Hay que desdramatizar esta discusión y más bien centrarnos en las definiciones se van a tomar dentro de la Convención y la ciudadanía tendrá la última palabra”, añadió.
El vicepresidente de la Convención indicó que “no hay veto a ninguna institución ni organización ni centro de pensamiento, pero siempre manteniendo la precisión de la independencia y que los ministros de la Corte Suprema, o los senadores, los diputados o el resto de los poderes del Estado por ningún motivo tienen la atribución de generar sanciones o mandatos o ningún otro tipo de acto administrativo a la deliberación de la Convención”.