En la Cámara Alta, la medida fue respaldada con 30 votos a favor y una abstención, del senador UDI Enrique Van Ryselberghe. Durante la sesión, algunos parlamentarios pidieron ampliar el decreto hacia la Región de Los Ríos debido al aumento de ataques incendiarios en esa zona.
«Evidentemente tenemos que confiar en las policías y quienes investigan y quienes entregan los datos que serán el soporte de la ampliación, en algún minuto, de este estado de excepción hacia otros lugares que también merecen la protección», indicó el senador Gastón Saavedra, del Partido Socialista.
Previamente, la petición del Ejecutivo fue respaldada en la Cámara de Diputados con 121 votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones. Fue una sesión controversial, marcada por una polémica frase emitida por la ministra del Interior, Izkia Siches, que causó el disgusto de los parlamentarios y obligó a suspender el debate por algunos minutos.
En su exposición, la secretaria de Estado acusó que «los problemas no partieron el 11 de marzo, ni para la delincuencia, ni para la migración, y mucho menos para La Araucanía. Donde los últimos 4 años, y esto lo quiero recalcar porque parece que a algunos se les olvidó, se pegaron en la cabeza, o realmente pareciera que todo partió desde cero».
Inmediatamente la vicepresidenta de la Cámara, Claudia Mix (Comunes), pidió no incluir los dichos en el acta por ser «ofensivos», mientras que el diputado Jorge Alessandri (UDI) indicó que «nadie en este hemiciclo se ha pegado en la cabeza. Todos tienen el legítimo derecho de votar y de representar a la gente de sus distritos».
Alessandri -quien es jefe de bancada de su partido- emplazó a la ministra a retratarse, amenazando que en caso contrario en su sector iban a dar libertad de acción para la votación. Finalmente, Siches se retractó y pidió disculpas a los legisladores.
Cabe señalar que las sesiones se realizaron de manera especial debido a que el Congreso se encuentra en semana distrital.
Además, estuvieron enmarcadas el reciente rechazo al veto presidencial contra el proyecto de infraestructura crítica, así como también en la decisión del Gobierno de ampliar la querella en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, por Ley de Seguridad del Estado.
La Moneda ha afirmado que el estado de excepción es «acotado» y solo se suscribe al resguardo de rutas y carreteras. Dicho concepto ha sido criticado desde el Partido Republicano y por Chile Vamos, desde donde exigen un despliegue total del personal militar.