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Ministra Fernández fue citada al Congreso por hackeo al Estado Mayor Conjunto

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La ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, fue citada al Congreso Nacional para dar detalles respecto a lo que fue el hackeo al Estado Mayor Conjunto.

Cabe recordar que este problema perjudicó a las 3 ramas Fuerzas Armadas, que trabajan en conjunto con la cartera de Defensa, especialmente vulnerando información confidencial que estaba contenida en correos electrónicos.

Así, la secretaria de Estado deberá asistir el día martes 27 a la sede del Legislativo. Lo hará con el nuevo jefe del organismo, el vicealmirante José Luis Fernández.

«No basta con la salida del General Paiva, esto tiene que ir mucho más allá (…) es gravísima la situación en la que queda nuestro país», expresó al respecto la diputada Camila Flores (RN).

«La ministra tiene la responsabilidad política, eso es evidente», dijo el parlamentario Gastón Saavedra (PS). No obstante, agregó que «hay que esclarecer los hechos, cuando ocurrieron, en el momento que ocurrieron como se procedió», ejemplificó.

Debido a este hackeo, senadores de la Comisión de Defensa han propuesto avanzar hacia la tramitación de la Ley Marco de Ciberseguridad. Además, pidieron una nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad para el año 2023.

Resultados de pruebas de drogas realizadas en el Congreso se sabrán este lunes

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Finalmente, este lunes se sabrán los resultados de las primeras pruebas de drogas realizadas en la Cámara de Diputados y Diputadas.

Será el secretario general de la Cámara Baja, Miguel Landeros, quien dará a conocer la información final de los exámenes a los jefes de bancada.

Cabe recordar que para esta instancia fueron testeados 78 parlamentarios, en el primer proceso de aplicación del nuevo reglamento que implica tomar estas mediciones.

A pesar de que los resultados serán públicos, no se detallará la sustancia que dé positiva.

Al respecto, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) expresó que «esperamos dos cosas. Primero que ojalá no haya parlamentarios que den positivos de droga, y en caso de haberlos se podrá analizar las cuentas corrientes de aquellas personas que salgan positivo, y esperamos que al mismo tiempo se inhabiliten ellos mismos».

«No pudimos hacerlo en la reforma legal para acotar todas aquellas leyes relativas a la ley de tráfico de drogas, a la ley 20.000, en aquellas normas sobre el crimen organizado; y que lo hagan tanto aquellos que salieron positivo como aquellos que se han negado a realizarse el test», agregó Coloma.

Por otra parte, la parlamentaria Ana María Gazmuri (Independiente) mencionó que «esto dio como resultado un muy mal reglamento, pero que incluso así ese mal reglamento ha sido vulnerado en su instalación».

«Sin ir más lejos; el haber leído a viva voz en el hemiciclo los nombres de la mitad de los primeros parlamentarios que salieron sorteados, eso vulnera el numeral 1 del artículo 6 del propio reglamento. Más allá de que la concepción, la forma en que está planteado este propio reglamento, que vulnera el derecho a la vida privada; a la intimidad; a la ley de derechos y deberes del paciente, que eso es lo más importante, tiene además en su implementación muchos muchos fallos», ratificó Gazmuri.

«Entonces, eso nos ha llevado por un lado a la vía judicial, mediante el recurso de protección, pero por otro lado también a todas las acciones administrativas internas», aseveró cerrando.

Monsalve asegura: «Víctimas de violación a DD.HH. en estallido social tendrán pensión»

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El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos afectadas en el contexto del estallido social del 2019 recibirán pensión de gracia.

Los dichos del subsecretario fueron enunciados este domingo luego de que se supiera que ninguno de los perjudicados de la región del Biobío ha recibido reparación estatal.

Cabe recordar que en junio de este año, el ministerio del Interior informó que se ha asignado una pensión de gracia a 296 personas.

No obstante, en ese registro no aparece ninguna de las 24 víctimas de la octava región, a pesar de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ya las calificó.

Al respecto, Monsalve reafirmó que cumplirán con la ayuda económica para todos los afectados, considerando que estas pensiones provienen de su cartera, el ministerio del Interior.

«A todos, independiente del lugar de Chile donde eso haya ocurrido, a todos quienes vieron vulnerados sus DD.HH, y que concurrieron al INDH y que esta institución los ha calificado así, por supuesto que vamos a concurrir a cumplir con lo que la ley de presupuesto dice, que es entregar una pensión de gracia», aseveró.

El proceso para concretar esta reparación debe pasar primeramente por una denuncia, como explicó el subsecretario, en el INDH. Posteriormente, el ministerio del Interior analizará la información, y de ser certera, se concretará en una pensión de entre $250 mil y $500 mil.

Asociación de Isapres canceló su participación en mesa de trabajo con Minsal

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La Asociación de Isapres de Chile, que conforma a todas las aseguradoras de salud privadas, suspendió su participación en la mesa de trabajo con el Ministerio de Salud.

La reunión estaba fijada para este viernes y tenía como motivo afrontar el problema económico que atraviesan, el que afirman suma un déficit operacional de más de 220 mil millones de pesos en los últimos 18 meses.

Acorde a información del medio El Mercurio, la cita no se concretó debido a que el presidente de la Asociación, Gonzalo Simón, estaba fuera de Chile.

Sumado a lo anterior, la ausencia de las Isapres fue también por una disconformidad con la decisión de la Superintendencia de Salud de fijar el porcentaje de alza de los planes, luego de un fallo de la Corte Suprema.

Esto, debido a que gran parte de las aseguradoras de salud privadas estimó en que necesitaban subir aún más sus valores, por lo que tras el fallo de la Corte debieron devolver dineros a sus afiliados.

Incluso, desde las Isapres acusaron a la Superintendencia de Salud de «subestimar costos y arriesgar la viabilidad del sistema», en un «complejo escenario» que enfrentan.

En una carta que emanaron desde la Asociación, donde aparece Gonzalo Simón como firmante, se asevera que «las recientes acciones de parte de la Superintendencia de Salud frente al proceso de adecuación de los planes de salud agravan el panorama y además, a la fecha, faltan acciones que están en proceso, y son requeridas para disminuir las dificultades del sistema, para así asegurar los beneficios de los afiliados».

A lo anterior, en la misiva se agregó que «para facilitar un período de avance en las acciones específicas que requiere el sector, planteamos suspender la reunión de la mesa de trabajo antes indicada, aguardando a que, con la necesaria oportunidad, se desarrollen las medidas en proceso que permitan dar garantías mínimas para el funcionamiento y la continuidad de las prestaciones de salud de nuestros afiliados».

Respecto a esta misma problemática, el superintendente de Salud, Víctor Torres, expresó este viernes en una entrevista con el medio La Segunda que «no hay una quiebra inminente (en las isapres), porque hasta el día de hoy los ratio que controlamos (capital, patrimonio y cumplimiento de garantías), que miden la solvencia de las isapres, se están cumpliendo».

«Es una industria que está pasando por un mal momento, pero que tiene posibilidades de salir adelante», aseguró, y reconoció que «hay algunas (isapres) que en ciertos meses se acercan a los límites legales, pero después logran salir. La mayor dificultad está en el ratio de garantías, pero hasta ahora han logrado cumplir todas».

Sumado a lo anterior, afirmó que «lo que tenemos que hacer es resguardar que estas alzas no sean arbitrarias; no establecer una tabla de salvación para las isapres, a partir de un alza traspasada 100% a las personas, si es que no estuviera justificada».

Excancilleres concertacionistas manifestaron su apoyo al TPP-11

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Soledad Alvear, Mariano Fernández, Carlos Figueroa, Alejandro Foxley, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz e Ignacio Walker, todos exministros de Relaciones Exteriores, afirmaron su apoyo mediante una declaración pública al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP-11.

Cabe recordar que la tramitación de este tratado está en pendiente desde abril de 2019, cuando fue aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas. No obstante, aún falta que se vote al respecto en el Senado.

«Este Tratado representa una oportunidad para nuestro país en un momento de estrecheces económicas, puesto que permitirá que alrededor de 3.000 líneas arancelarias gocen de beneficios de acceso para miles de productos chilenos de exportación a mercados de países como Japón, Canadá y México, entre otros, generando empleos e ingresos -según un estudio- del orden de US$ 1.180 millones anuales», reza la misiva firmada por los excancilleres.

Sumado a lo anterior, agregaron que el tratado «contempla acumulación de origen; es decir, que los bienes de cualquiera de los estados parte se considerarán nacionales, cumpliendo las reglas de origen, con la posibilidad de elaborar productos agregando valor, abriendo así nuevas oportunidades para nuestros productores y exportadores».

«La ratificación del tratado permitiría que Chile continúe en la exitosa senda de apertura al mundo, promoción de exportaciones con mayor valor agregado, rechazo al proteccionismo, y vinculación con la pujante región de Asia-Pacifico, que se perfila como el gran espacio del Siglo XXI. No es casual que países claves como China, el Reino Unido, Corea del Sur, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Costa Rica y Uruguay, entre otros, hayan presentado cartas formales de solicitud de acceso al bloque, o bien expresado interés público al respecto», añadieron.

En línea con lo mismo, expresaron su «convicción en el sentido de concluir, al más breve plazo, las negociaciones para la modernización del Acuerdo de Asociación de Chile con la Unión Europea (UE), que también representa una importante profundización de las oportunidades para nuestro país. Amplio reconocimiento internacional ha merecido la estrategia de Chile durante los últimos 30 años de acordar tratados internacionales que han abierto las puertas a los bienes y servicios chilenos en el mundo entero, y que han colocado a nuestro país como una contraparte seria e importante a nivel global».

Finalmente, los extitulares de RR.EE aseveraron que ser parte del TPP-11 «no solamente seguirá permitiendo a Chile los progresos ya mencionados, sino que también reflejan la imagen política de un país que procura avanzar en desarrollo, bienestar, y justicia social, enfrentando los desafíos del Siglo XXI».

Iván Flores y encerronas: Hay que dar urgencia a proyecto que eleva exigencias a concesionarias

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El senador Iván Flores realizó este sábado un llamado al Gobierno para que ponga urgencia al proyecto que busca exigir a las concesionarias el deber de prevenir el riesgo para evitar los delitos de «encerronas» que se generan en las autopistas.

Flores es miembro de la comisión de Transportes y autor de la iniciativa junto a los senadores Ximena Rincón, Matías Walker, Ximena Órdenes y Juan Luis Castro.

Al respecto, el parlamentario sostuvo que «no puede ser que estos delitos sigan aumentando y esperamos que en la ley de Presupuesto se vea reflejado con los recursos necesarios en seguridad, pero también con eficiencia».

Acerca del proyecto, Flores explicó que «necesitamos la urgencia respectiva para agilizar la tramitación de la iniciativa, y elevar así elevar los estándares de las carreteras y autopistas y prevenir los delitos que se producen en ellas, hechos que han aumentado con fuerza en el último tiempo y que ya no solo ocurren en la región Metropolitana, sino que también y de manera cada vez más recurrentes en otras zonas del país».

La propuesta busca incorporar en la Ley de Concesiones Públicas el deber de prevenir riesgos, vigilancia, seguridad y asistencia vial.