Otros tres sospechosos fueron detenidos por el homicidio contra la suboficial mayor Rita Olivares, quien el domingo falleció tras recibir un impacto de bala en el contexto de un procedimiento policial en Quilpué, región de Valparaíso.
Se trata de Cristián Alejandro Rodríguez Figueroa, Matías Peralta Parra y Maximiliano Fuenzalida Leiva. Estos dos últimos se habían fugado de la Cárcel de Valparaíso en 2021 al igual que Edward Fuenzalida, hermano de Maximiliano que también fue aprehendido por el asesinato de la carabinera, aunque en su caso el mismo día del crimen.
Las nuevas detenciones -van seis en total- se concretaron en el Cerro Los Placeres de Valparaíso. Este miércoles, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, fue consultado sobre el procedimiento y la razón de por qué los prófugos no fueron capturados antes.
“Estos son procedimientos de mucho mayor complejidad. Muchas veces, cuando en casos particulares y tan dolorosos hay una atención mediática respecto de lo que sucede, sale a la luz mucha investigación”, indicó Vergara.
Advirtió que “hay muchos procedimientos silenciosos, hay una búsqueda permanente de quienes tienen estas deudas pendientes, y claramente las cifras muchas veces no generan el mismo impacto particular de los hechos”.
“Cuando se focaliza el trabajo, el Estado es capaz de demostrar que se pueden dar resultado, sobre todo cuando distintas instituciones trabajan en común”, complementó.
A modo de ejemplo, el subsecretario mencionó un megaoperativo nacional de Carabineros desarrollado la semana pasada, que permitió la captura de más de 1.200 personas, de las cuales 560 tenían órdenes vigentes.
“Esas 560 personas que detuvimos la semana pasada, no se dan a conocer en un caso específico. pero no significa que el trabajo focalizado no se esté haciendo. Y seguiremos, por sobre todo, haciendo los controles necesarios en los espacios públicos donde corresponda para dar con estas personas”, consignó.
La autoridad recalcó que “vamos a acelerar una fuerza de tarea para permitir información más fina y depurada respecto a este universo de personas con órdenes de detención vigente, para ir tras quienes tienen deudas con la justicia, pero particularmente quienes tienen que ser detenidos y reingresados cuando corresponda, al sistema”.
Subrayó que el mencionado operativo “demuestra que el Estado está haciendo su trabajo de forma permanente. Que el trabajo preventivo que permite sacar de circulación y traer de nuevo, frente a la justicia, a personas que tienen deudas y procedimientos pendientes, es algo que estamos haciendo de forma constante”.
“El Presidente de la República ha recalcado -particularmente con estos hechos que hemos conocido, inaceptables- que pondremos todas las fuerzas de las instituciones del Estado para dar con los responsables. Porque sacar de circulación a criminales es prevenir que sigan cometiendo otro tipo de delitos”, sentenció.
Según el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, actualmente hay 31.558 personas prófugas de la justicia. De ellas, 27.969 mantienen una orden de detención vigente emanada desde un juzgado de garantía o tribunal de juicio oral.