Un demoledor informe presentó la Contraloría Regional de Valparaíso en relación a las transferencias realizadas por el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso a entidades privadas sin fines de lucro, a través de la modalidad de asignación directa, entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de mayo de 2023.
Esto dio paso a una auditoría de la entidad fiscalizadora, que detectó una serie de irregularidades y anomalías que comprometen la gestión de Rodrigo Mundaca Cabrera (Frente Amplio) como Gobernador Regional de Valparaíso, las cuales quedaron plasmadas en el Informe Final Nº 691, de 2023, documento de 55 páginas al cual el medio regional Puranoticia dio cuenta en sus páginas digitales.
En específico, esta investigación fue planificada tomando en cuenta los riesgos identificados durante la etapa de planificación relacionados con proyectos financiados con cargo al subtítulo 33, mediante asignación directa de recursos, falta de especificación de las iniciativas financiadas que fueron cargadas en el banco integrado de proyectos y posibles conflictos de interés en la asignación de los fondos, entre otros.
53 TRANSFERENCIAS
Una de las conclusiones del estudio señala que en el periodo en estudio, el Gobierno Regional de Valparaíso realizó un total de 53 transferencias a entidades privadas, con cargo al subtítulo 24, por 1.370 millones de pesos ($1.370.822.396), vía asignación directa de recursos, situación que vulnera el artículo 9 de la Ley Nº 18.575.
Dicha normativa legal expone que «la regla general para la asignación de fondos fiscales es el concurso público y que, excepcionalmente, procederá el trato directo en circunstancias calificadas, debidamente fundadas, requiriéndose una demostración efectiva y documentada de los motivos que justifican su procedencia».
En el caso de estas 53 transferencias realizadas por el órgano que lidera Rodrigo Mundaca, no se pudo acreditar dicha situación, por lo que se le ordenó al Gore de Valparaíso «adoptar, en lo sucesivo, las medidas que correspondan, a fin de favorecer la regla general y atenerse a la regulación que impongan futuras leyes de presupuestos».
SIN RENDICIÓN
Al 30 de junio de 2023, la auditoría de la Contraloría Regional de Valparaíso advirtió que los recursos otorgados a entidades privadas sin fines de lucro, con cargo a los subtítulos 24 y 33, mediante asignación directa, y que se encontraban pendientes de rendición, bordean los 16 mil millones de pesos ($15.954.199.276).
De igual forma, la investigación logró verificar que el Gobierno Regional de Valparaíso incurrió en atrasos en la revisión de las rendiciones de cuenta, por cuanto a esa misma fecha se habían presentado rendiciones en 17 convenios vigentes por 553 millones de pesos ($553.437.480), las cuales no habían sido revisadas.
Por ello, nuevamente se le ordenó al organismo regional adoptar las medidas que correspondan para lograr un control y monitoreo oportuno de las rendiciones de cuentas que se encuentran pendientes, cuyo plan de acción deberá ser informado documentadamente, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo de Contraloría.
También se detectó que el control de las rendiciones de cuentas efectuadas por las entidades receptoras de fondos es realizado por el Gobierno Regional mediante planillas Excel, además, no cuenta con un sistema informático para el control y monitoreo de las transferencias realizadas.
ACTIVIDADES SIN DETALLES
El Informe Final Nº que 691, de 2023, también da cuenta que las actividades programadas en los convenios con la Fundación Terram y las Corporaciones Fima y Epmusa, fueron planteadas de forma genérica, sin ningún tipo de detalle técnico, mostrando costos globales, en general, sin que el Gore de Valparaíso haya solicitado antecedentes para evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de sus costos, y en definitiva, determinar fundadamente el monto a transferir en cada iniciativa.
Frente a esta observación, se le ordenó a la entidad que dirige Rodrigo Mundaca que «deberá adoptar las medidas y mecanismos de control pertinentes que le permitan contrastar el monto requerido con algún elemento de juicio que acredite la pertinencia de los montos solicitados, tales como tablas referenciales de costos, cotizaciones u otros antecedentes que justifiquen sus estimaciones económicas». Todo esto deberá ser informado oportunamente al órgano de control del Estado en 60 días.
También en relación con estas mismas entidades privadas, se detectó que las transferencias otorgadas por el Gobierno Regional de Valparaíso a ellas, por $401 millones a Fundación Terram; por $400 millones a Corporación Fima; y por $380 millones a Corporación Epmusa, se materializaron el 31 de diciembre de 2022 en cuota única, y no conforme a los programas de caja entregados por esas entidades ni al avance efectivo de las actividades comprometidas en los convenios respectivos.
Esta situación vulnera el numeral 5.13 de la glosa 02 común para todos los Gobiernos Regionales de la ley de Presupuestos para el Sector Público año 2022.
NUEVAMENTE PROCULTURA
En el marco del caso «Convenios», una de las entidades más cuestionadas y que está bajo la lupa del Ministerio Público, es la Fundación ProCultura, la cual también sale al ruedo en el informe elaborado por la Contraloría, al cual accedió Puranoticia.cl.
En ese sentido, el documento expone que se comprobó que el convenio con la Fundación ProCultura para la ejecución del proyecto «Primera Residencia de Muralismo con Intercambio Cultural La Calera – Rossengärd, Suecia», por $25 millones, también contempló un aporte de la Municipalidad de La Calera, por $5.000.000, pero sin precisar en qué se utilizarían dichos recursos.
Al respecto, se advirtió que ProCultura adjuntó a la subvención de la Municipalidad de La Calera una cotización que incluye ítems que también serían financiados con los recursos del Gobierno Regional, cuestión que toma relevancia si se considera que a la fecha de la fiscalización dicha entidad aún no rendía los recursos al Gore, pese a que la vigencia del convenio respectivo se extendía hasta el 30 de junio de 2023.
A objeto de verificar la correcta inversión de los fondos públicos, el Gobierno Regional de Rodrigo Mundaca, en coordinación con la Municipalidad de La Calera, «deberán adoptar las medidas comprometidas para velar por el debido empleo y correcta justificación de los gastos de que se trata, informando de aquello a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en el plazo de 60 días», según estableció Contraloría.
Junto a lo anterior, también se verificó que la Fundación ProCultura, en el marco del convenio señalado, entregó dos cotizaciones al Gobierno Regional de Valparaíso: una emitida por Salvador Núñez Pérez, por $21 millones; y otra por la empresa Tosca Audiovisual SpA, propiedad de Diego Echeverría Zárate, por casi $19 millones. Importante es mencionar que tanto Núñez como Echeverría son trabajadores de ProCultura, por lo que se desconoce si tales presupuestos fueron presentados de manera independiente o si lo hicieron de manera concertada.
Contraloría expresa que «existe una duda razonable en torno a si el monto por el cual se aprobó la iniciativa corresponde o no al precio de mercado», motivo por el cual se ordenó la implementación de medidas pertinentes y necesarias para velar por el debido empleo y la correcta justificación de los gastos de dicho convenio.
Frente a estos hechos expuestos, la entidad fiscalizadora de los órganos del Estado instruyó un procedimiento disciplinario que busque determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en tales hechos.