La ciudadanía pide acuerdos a sus representantes, no discusiones de sordos. Más aún, la estabilidad de las decisiones constitucionales que tomemos desde abril, la confianza que podrán poner los ciudadanos en nuestra futura institucionalidad legal, está relacionada con la calidad del debate y con la participación equitativa de las comunas en este proceso. Impedirlo será para algunos, como ya lo fue en el pasado, pan para hoy y hambre para mañana.

Por Claudio Orrego

DC exintendente Metropolitano 

El 21 de enero un porcentaje de parlamentarios de Chile Vamos y de algunos otros partidos, fue suficiente para rechazar la propuesta apoyada transversalmente por 88 diputados para que el voto fuera nuevamente obligatorio, ya que no se logró alcanzar el quorum de 3/5. La propuesta buscaba dar mayor legitimidad al plebiscito nacional del 26 de abril y, por extensión, al proceso constitucional.

En 2011, el Gobierno de la época fomentó el voto voluntario y, en ese entonces, 106 de los 120 diputados respaldaron la propuesta. Hubo, sin embargo, expertos, académicos y algunos actores políticos –entre los que me cuento– que nos opusimos a la idea.

La más evidente entre las razones esgrimidas a favor del voto obligatorio es que este hace crecer la participación y favorece así la legitimidad de los procesos electorales, reforzando una de las principales debilidades actuales de nuestra institucionalidad: la desconfianza transversal en nuestras autoridades.

Han pasado casi nueve años, apenas dos ciclos electorales y, lamentablemente, todos estos efectos han sido confirmados en nuestra historia reciente. En las elecciones del 2017, cinco de las diez comunas con mayor participación en Chile estuvieron en Santiago Oriente, cuatro de estas en un solo distrito con los mayores índices de nivel económico, sobrepasando todas 60% de participación de sus votantes. Mientras tanto, comunas más vulnerables en la misma región tuvieron cerca o incluso menos del 40% de representación. Los jóvenes, por su lado, tan activos en el debate político actual, a la hora de votar e institucionalizar sus posturas han engrosado aún más la abstención electoral.

El voto obligatorio tiende, además, a favorecer un debate en las campañas más centrado y racional, menos llevado por los discursos extremistas que, como hemos visto en anteriores campañas con voto voluntario –“Chilezuela”, en Estados Unidos y en la votación del Brexit–, incentivan que las candidaturas gatillen miedos y odios entre las posturas políticas, con tal de asegurar su presencia frente a las urnas.

En términos de representación democrática, es fundamental subrayar que el voto obligatorio potencia la voz de los más vulnerables. Estudios ya advertían el 2011 que los jóvenes estaban votando cada vez menos desde 1990 y, asimismo, con el voto voluntario sectores discriminados, los grupos más vulnerables, las minorías, y los territorios en que habitan, expresarían menos su voz electoral, por lo que la inequidad entre las comunas encontraría una nueva expresión, reforzada por una ley cuyos efectos se advirtieron.

Han pasado casi nueve años, apenas dos ciclos electorales y, lamentablemente, todos estos efectos han sido confirmados en nuestra historia reciente. En las elecciones del 2017, cinco de las diez comunas con mayor participación en Chile estuvieron en Santiago Oriente, cuatro de estas en un solo distrito con los mayores índices de nivel económico, sobrepasando todas 60% de participación de sus votantes. Mientras tanto, comunas más vulnerables en la misma región tuvieron cerca o incluso menos del 40% de representación. Los jóvenes, por su lado, tan activos en el debate político actual, a la hora de votar e institucionalizar sus posturas han engrosado aún más la abstención electoral.

Mientras escribía estas líneas, los diputados anunciaban que volverán a proponer el voto obligatorio. Todos quienes creemos en lo fundamental para la convivencia nacional de las elecciones que tendremos desde abril de este año, debemos también adelantar nuestro apoyo. No podemos permitir que un sistema que favorece discursos extremos y que refuerza una ya inaguantable inequidad entre los territorios, sea una dificultad más para el proceso constitucional.

La ciudadanía pide acuerdos a sus representantes, no discusiones de sordos. Más aún, la estabilidad de las decisiones constitucionales que tomemos desde abril, la confianza que podrán poner los ciudadanos en nuestra futura institucionalidad legal, está relacionada con la calidad del debate y con la participación equitativa de las comunas en este proceso. Impedirlo será para algunos, como ya lo fue en el pasado, pan para hoy y hambre para mañana.