Una nueva polémica enfrentan las autoridades sanitarias, luego de que la Contraloría detectara una serie de irregularidades en el arriendo del Hotel Radisson por parte del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN) para habilitarlo como residencia sanitaria.

De acuerdo a la información que recoge un reportaje de Biobío, estas se remontan a junio del año en curso, cuando en medio de los momentos más álgidos de la primera ola del COVID-19 en nuestro país, el organismo público no respaldó “con documentación íntegra y exacta” los sobre de$134 millones que giró en favor de Gestora Hotelera SpA, firma controladora del inmueble.

Dicho monto estuvo calculado en base a la cancelación diaria por cada uno de los 2.453 usuarios por los que cobró el hotel, quienes estaba divididos en 2.206 residentes principales y 247 residentes adicionales, es decir, acompañantes que compartían habitación con uno principal. Por los primeros se fijó una tarifa de $50 mil y $12 mil para los segundos, más IVA.

Lamentablemente, de acuerdo a lo establecido por Contraloría, los números no calzan. Del análisis de los antecedentes proporcionados por el servicio, consistente en la planilla de pacientes de ese mes y fichas clínicas respectivas, “se detectaron situaciones que impiden trazar y reconstruir la información”, además de “verificar el cumplimiento de las exigencias para los pacientes que hicieron ingreso a la residencia sanitaria”.