La Confederación Unión de Funcionarios Municipales de Chile (UFEMUCH), manifiesta su más enérgico y categórico rechazo a las declaraciones atribuidas a la Contralora General de la República, en las que, al referirse al financiamiento del reajuste del sector público, sugiere como “vías” posibles, reasignaciones de gasto corriente e incluso la reducción de personal.

1) Los desastres no se enfrentan con despidos. Invocar una emergencia nacional para instalar, aunque sea como “alternativa”, la idea de recortar dotaciones resulta indolente, impropio y peligrosamente funcional a una lógica que transforma a las y los trabajadores en variable de ajuste. El país necesita reconstrucción, continuidad de servicios y presencia del Estado, no listas negras ni tijeras laborales.

2) El reajuste no es un lujo: es un derecho y un piso de dignidad. La ley de reajuste no puede quedar amarrada a una contabilidad de excusas ni a un “sálvese quien pueda” presupuestario. Pretender cubrir obligaciones del Estado debilitando empleo público es socialmente regresivo y administrativamente temerario, porque golpea directamente la capacidad de respuesta en salud primaria, aseo, seguridad comunitaria, educación municipal y atención social.

3) La institucionalidad debe cuidarse, no usarse como megáfono de recortes. La Contraloría está llamada a resguardar la legalidad y la probidad. Por lo mismo, resulta inaceptable que desde esa investidura, se normalice un discurso que pone sobre la mesa la reducción de personal como mecanismo de financiamiento, alimentando un clima de precarización y amenaza sobre miles de familias.

4) La Contralora General de la República ha cruzado un límite que ninguna autoridad responsable debiera traspasar. Se acabó el juego de las máscaras: cuando desde una institución llamada a resguardar la legalidad se instala, aunque sea como “alternativa”, la reducción de personal para financiar obligaciones del Estado, no estamos ante una opinión técnica inocente, sino ante una señal política gravísima. Con esas palabras, la Contraloría deja de aparecer como garante de reglas y pasa a operar como altavoz de una lógica inaceptable: convertir a las y los trabajadores en la variable de ajuste.

Por estas razones, exigimos una rectificación pública y un compromiso claro: las emergencias se financian con herramientas extraordinarias y responsabilidad fiscal real, no con sacrificios impuestos a quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del país.

UFEMUCH no aceptará que, en nombre de la estrechez fiscal, se intente pagar la cuenta con el empleo municipal. Si alguien pretende convertir la tragedia del sur en coartada para recortar derechos laborales, se encontrará con una respuesta firme, organizada y nacional.