El Gobierno del Presidente Gabriel Boric afirmó que la decisión de entregar una evaluación desfavorable al proyecto minero Dominga fue “robusta” y “basada en evidencia técnica”.
“Nos tocó pronunciarnos sobre 12 reclamaciones, hubo 26 reclamaciones inicialmente (…) en contra de este proyecto. Las reclamaciones tienen que ver con varios aspectos: Vida marina, líneas base, áreas de influencia, evaluación de distintas especies, también hay reclamaciones respecto a los impactos de la desaladora y también hay con respecto a la mina misma, que está asociado tanto a la calidad del aire, material particular sedimentario y riesgo en contaminación de aguas, de dos acuíferos”, partió señalando la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.
La secretaria de Estado afirmó que se tuvo a la vista todos los informes técnicos existentes y de análisis y recomendaciones antes de decidir, de manera unánime, dejar con evaluación desfavorable el proyecto minero.
“La evaluación se hizo en base a múltiples aspectos que tenían que ser evaluados, a múltiples informes que fueron considerados, así que es una evaluación que es bien robusta técnicamente. Se basa en múltiples líneas de evidencia con una trazabilidad también en el pasado y desde el año 2013 a la actualidad”, agregó.
“Se tomó una decisión robusta, trazable, basada en evidencia técnica”, subrayó Rojas.
Por su parte, el ministro de Economía, Nicolás Grau, afirmó que “sabemos que este es un sector con importantes rezagos y desafíos de empleo de diversa índole que son muy importantes para las familias de esa zona”.
“Queremos decir de manera muy clara a quienes son de la zona y nos están escuchando que no están solos, que nosotros como Gobierno los vamos a apoyar. Sin ir más lejos, desde el año 2022, en conjunto el Gobierno Nacional y el Gobierno Regional de Coquimbo, ha trabajado en un plan de zona de rezago para la zona del Quilimarí. Este es un plan cuya aprobación va a ser pronta por parte de la Dirección de Presupuesto”, apuntó.
Grau enfatizó que el plan contempla a las comunas de Vicuña, Andacollo, La Higuera y Río Hurtado y que “implica una inversión por un período de más de 8 años que va a movilizar 580 mil millones de pesos, que va a involucrar más de 260 actividades de distinta índole”, añadió.
En esa línea, mencionó a aspectos como cobertura de servicios básicos, conectividad, caletas, infraestructura para el agua rural, y otras.