En el marco del receso legislativo, el Senado sesionó para votar una nueva prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que rige desde el 16 de mayo en La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío de la región del Biobío, visando su extensión por 15 días más con 22 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones.
El debate, que se desarrolló con la presencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, el ministro (s) de Defensa, Gabriel Gaspar y la subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile (Segpres), Macarena Lobos en la sala, estuvo marcado por la discusión en torno a la intencionalidad de los incendios y el decreto que emanó el Ejecutivo para desplegar a las Fuerzas Armadas en el norte.
Aludiendo a la causa de los siniestros, el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, advirtió una disparidad en las cifras y llamó a investigar a fondo para determinar si el delito es una nueva derivada de la crisis de seguridad.
“La ministra señalaba en su momento que uno de cada cuatro incendios, un 25% sería intencional, la CORMA señala que sería más del 60% y el Gobernador del Biobío señaló que podrían llegar al 47% y hay cifras de Conaf que señalan una intencionalidad de los incendios en un 40% entonces, no podemos desligar los incendios del problema de seguridad que tenemos”, señaló.
A su turno, el senador José Miguel Insulza (PS), exhortó a no sacar conclusiones apresuradas sobre el la causa de los incendios.
“Yo estoy seguro que el Gobierno va a investigar el tema de los incendios, no nos anticipemos a eso. No es fácil determinar si un incendio fue provocado, la mayor parte de ellos tienen origen en la acción del ser humano por cierto, otra cosa es que sean intencionales y que se demuestre que son intencionales y espero que esas investigaciones se hagan y arrojen resultados”, afirmó.
De todas formas consideró que “hemos trabajado bien en esto y esto no es una cosa del Gobierno ni de los senadores del Gobierno ni de oposición (…) Eso demuestra que podemos trabajar juntos, por eso un último llamado a los colegas de la oposición es a que nos unamos todos en un acuerdo nacional para combatir la delincuencia y el crimen organizado”.
A su vez, la ministra Carolina Tohá descartó una discrepancia entre las cifras del Gobierno y de Conaf, toda vez que los datos que maneja el Ejecutivo son los que calcula la Corporación Nacional Forestal a raíz de sus investigaciones.
“Los datos nacionales de Conaf llegan a un aproximado de 25% de incendios intencionales”, agregó, advirtiendo que “estos son promedios nacionales. Cuando uno va a mirar región por región o va a mirar una comuna, puede encontrar datos muy distintos”.
Y agregó: “Hagamos de cuenta que el dato total fuera 25%, porque las comunas que preocupan a la sala son comunas donde coincide con que hay disputa y conflicto político, hay conflicto con las forestales y ahí normalmente es más alto el nivel de intencionalidad que el reporte de Conaf -el reporte de las investigaciones, no solo del visual que hacen los brigadistas- (…) 25% es mucho, entonces no hay ninguna duda que la intencionalidad es un problema y si es 25% o es 43% no hay una disputa, una razón para generar un conflicto político en términos si importa o no importa la intencionalidad, importa en cualquier caso”.
Otra materia sobre la que se pronunció la jefa de Gabinete luego del emplazamiento que hicieron parlamentarios de la zona, fue el decreto supremo que emanó el Ejecutivo para desplegar a las Fuerzas Armadas en la Macrozona Norte, el cual retiró de Contraloría por imprecisiones en el documento y reingresó la noche de este jueves. La senadora por Antofagasta, Paulina Nuñez (RN) denunció que los efectivos tienen “las manos amarradas” dada la falta de capacitación y de recursos para su despliegue.
“No podemos mandar a las Fuerzas Armadas sin implemento. O sea, una ley que no tenga recursos para que puedan ocupar estos implementos antes de evidentemente ocupar una arma letal si es que llegar a ser el caso, es una ley que no va a tener ninguna eficacia”, señaló.
Al respecto la ministra aseguró que en el Gobierno “se trabajó bien intensamente en una mesa que incorporó a nuestro ministerio como Defensa y a Segpres, en algunos momentos también a Cancillería, a la dirección de Fronteras y Límites para ver todo el tema del área de despliegue”.
“Se tuvo muy presente el adoptar normas y hacer aplicación de las normas y reglas generales que rigen en nuestro país en materia del uso de la fuerza de manera de lograr que el despliegue de las Fuerzas Armadas se dedicara al objetivo para el cual se creó y se hiciera incurriendo a los menores riesgos posibles tanto para las personas como ciertamente para los militares que van a estar desplegados”, agregó.