Lucia Dammert anunció acciones legales tras un reportaje que la ubicaba como testigo voluntaria en una investigación relacionada con el narcotráfico.
Según un reportaje de Interferencia, la exjefa de asesores del Segundo Piso de La Moneda debía declarar como testigo ante el FBI debido a su estrecha relación con Genaro García Luna, exsecretario de Gobernación de México que está siendo indagado por presuntamente haber colaborado con el peligroso Cartel de Sinaloa.
La información fue publicada el jueves pasado, mismo día en que Presidencia notificó la renuncia de Dammert y anunció en su reemplazo al exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi.
Sin embargo, este miércoles el Gobierno de Chile aseguró haberse contactado con el Gobierno de Estados Unidos para aclarar la situación. «Luego de recibir respuesta al mencionado requerimiento, el Gobierno de Chile confirma que dicha información es falsa y que Lucía Dammert no ha sido citada a declarar en ninguna investigación o proceso judicial llevado a cabo en EE.UU», indicó el Ejecutivo en un comunicado.
Después del desmentido, Dammert acusó vía Twitter haber sido «víctima de un ataque de desinformación iniciado por un medio digital que puso en duda mi calidad moral y responsabilidad profesional».
«Dicho medio publicó una nota hilando un conjunto de mentiras, todas las cuales han sido negadas por las fuentes citadas, incluidos el FBI, la Canciller Urrejola y la Embajadora Narváez», añadió la socióloga.
La exjefa de asesores afirmó que «la evidencia es suficiente para afirmar que he sido objeto de un incomprensible e intencionado ataque personal. Lamento profundamente esta campaña de desinformación y la amplificación oportunista que varios actores públicos le dieron a pesar de haber desmentido rápidamente».
Criticó que «me condenaron públicamente basados en un texto lleno de falsedades y a todos ellos los hago responsables de las amenazas que he recibido por diversos medios».
Tras advertir que «la magnitud del daño personal y profesional generado es enorme», la exfuncionaria del Palacio anunció que «he decidido ejercer las acciones legales necesarias para dejar en evidencia su intencionalidad».
Finalmente, invitó «a reflexionar sobre lo corrosivos que son este tipo de hechos para la vida en sociedad. No podemos seguir por un camino de mentiras y amenazas que sólo limitan la capacidad de diálogo y debate en nuestro país, horadando progresivamente la convivencia democrática».