Instituto Nacional de Derechos Humanos

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, se refirió a la toma de las dependencias por parte de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), quienes desde hace dos meses exigen la renuncia autoridad y la libertad de las y los presos del estallido social.

A todo, se suma una serie de solicitudes para que existan indemnizaciones a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido, canalizadas en un petitorio que ya habría sido entregado al directorio.

Esta mañana y en conversación con Radio Cooperativa, Micco tuvo duras palabras para las demandas exigidas por los estudiantes, asegurando que «soy una persona que fue elegida por los decanos y decanas de derecho del país y, obviamente, yo tengo que ser una persona lo más seria posible en mi opinión de orden jurídico».

«Hoy día hay un escándalo: se tomó el INDH y se nos exigen definiciones públicas. Yo les he dicho -y esto lo refrendaron todos los organismos defensores de DD.HH. del mundo- que yo no me voy a empezar a pronunciar ni como director del instituto ni muchísimo menos como presidente del consejo cuando se nos obliga», dijo.

«Eso es un ataque directo a la autonomía directa del instituto (…) Mientras yo sea director del instituto, nosotros no vamos a aceptar que nos pauteen, menos si son acciones públicas», advirtió la máxima autoridad del organismo.

Micco remarcó que «las agresiones físicas, las agresiones verbales, no me van intimidar… Porque yo soy director de una institución que es autónoma de toda fuerza política social, no solamente de los otros poderes del Estado».

«Quienes quieren insistir en ataques y en tomas de instituciones sepan bien que, mientras yo dirija esta institución, nosotros no vamos a aceptar esto», insistió el director del INDH: «No nos vamos a estar pronunciando sobre la base de amenazas», sentenció.

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, se refirió a la idea de reemplazar a Carabineros por una nueva institución, aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, asegurando que como organismo ellos optan por una reforma.

Tras mantener una reunión con la Mesa Directiva de la constituyente, el titular del INDH manifestó que “en primer lugar, acá hay un debate que se tiene que dar en la Convención, donde un pueblo soberano como el chileno le ha dado mandato que le ha dado a la Convención, y dentro de ese marco, nosotros colaborar”.

“En materia de Carabineros de Chile, nosotros hemos planteado que se requiere una reforma donde hay que analizar su doctrina, su estructura, su cultura, capacitación en derechos humanos y también todo lo que dice relación con la selección, ascenso y retiro”, sostuvo, añadiendo que “como Instituto estamos porque, a partir de toda la experiencia que hemos acumulado en democracia, se haga esta reforma de Carabineros y, hecho, hemos participado activamente en ella”.

Asimismo, comentó que en sus informes anuales, desde 2010, el Instituto ha fomentado “repensar a Carabineros y en general el orden público» y añadió que «hemos planteado y también hemos participado en el proceso de reforma de Carabineros de Chile. Eso es parte del debate constitucional y político, en el cual desde el Instituto ha hecho una contribución desde el principio».

Respecto a la materia de los posibles indultos o amnistía a las personas detenidas o en prisión tras los sucesos devenidos del estallido social, y al cruce de información entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y Gendarmería que cifra en 53 a los presos que podrían optar a una medida de estas características.

«Nosotros el 18 de febrero del año 2020, pedimos al Ministerio del Interior, claridad en las cifras. Nos ha causado un enorme daño, hasta el día de hoy estamos debatiendo cuál es la cantidad de personas que fueron detenidas y sujetas a prisión preventiva a partir de la crisis social», afirmó, además de solicitar que se regulen tanto el uso de la prisión preventiva como medida cautelar y de la Ley de Seguridad Interior del Estado a la hora de establecer querellas.

«Lo hemos venido planteando desde un principio y lamentablemente no se escuchó al Instituto. Ahora podemos ver cómo seguimos en este debate. El Instituto quiere que todo lo que diga relación con personas privadas de libertad en torno a la crisis social sea un debate que se acabe en términos de cifras y de datos, y derechamente planteemos políticas públicas y nuevas leyes que enfrenten los problemas de fondo», afirmó Micco.

Sergio Micco aseguró que el Estado «no está haciendo todo lo necesario para prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos».

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, planteó en Cooperativa que el Gobierno «no está cumpliendo con sus deberes internacionales» en materia de derechos humanos en relación con los delitos ocurridos durante el estallido social.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Micco sostuvo que «la situación en la cual estamos ahora es que Chile no está cumpliendo con sus deberes internacionales, porque no está haciendo todo lo necesario para prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos».

«Nosotros esto se lo hemos señalado al Senado, pero también a la Comisión Nacional del Sistema de Justicia Penal chileno, donde está el presidente de la Corte Suprema, el ministro de Justicia y el fiscal nacional, esto lo hicimos a principios de abril», dijo.

«Si uno lo mira desde un punto de vista de la justicia penal, uno se encuentra con que hay 3.479 causas vigentes por violencia institucional en la Fiscalía y recién hay 118 personas formalizadas», precisó.

Micco añadió que «la otra forma, más dramática de mirarlo, es desde el punto de vista de las víctimas. Nosotros como Instituto hemos estado con 2.219 de las víctimas que representamos y solamente 525, un año después de haber hecho su denuncia, han prestado declaración ante la PDI y 640 ante el Ministerio Público».

«Hemos presentado 172 querellas por trauma ocular y las personas que sufrieron trauma ocular giran en torno a las 400 y ahí evidentemente hay políticas públicas, pero necesitamos una ley de reparación integral», puntualizó.