Hospital de Buin

Todo partió mal, según radio ADN. Y es que a principios de este año se conoció de la contratación de 19 personas para el proyecto del Hospital de Buin y Paine, las que no habrían realizado trabajo alguno y que, además, entregaban parte de su remuneración a funcionarios de la división de inversiones del Ministerio de Salud.

De acuerdo con un oficio enviado por la diputada Marcela Hernando, el principal implicado sería Mauricio Álvarez, ex jefe de presupuesto de esa área, sobre quien se conoce un nuevo detalle.

Según confirmó a ADN, el jefe de la división de inversiones, Luis Barrios, la investigación sobre estos 19 casos se inició a raíz de una amenaza con una pistola que recibió Álvarez fuera de su domicilio: «Sucedió una situación que no podemos desconocer. Se le amenazó a la salida de su casa con un arma y tiene que ver con lo que posteriormente generó toda la investigación».

Barrios, además de descartar su vinculación a las contrataciones irregulares, aseguró que «me gustaría saber quiénes fueron las personas que tuvieron algo que ver (…) Independiente de la persona que lo haya generado, sea alguien que llegó con esta administración, alguien que viene de la administración pasada o alguien que llegó con esta administración, pero que ha trabajado toda su vida con proyectos de infraestructura».

Es importante destacar que, tras la amenaza y el inicio de la indagatoria sumaria en el Minsal por lo ocurrido en Buin, fue el propio Luis Barrios quien solicitó el traslado de Álvarez a un servicio de salud del sur, pero manteniendo su misma función.

Hospital de Talcahuano

Según fuentes al interior del Ministerio de Salud, la amenaza con arma de fuego a Mauricio Álvarez habría estado relacionada también a algunas irregularidades de la misma naturaleza en el Hospital de Talcahuano. Consultado sobre esta situación, Luis Barrios confirmó que existe una indagatoria en curso.

«No nos cuadra las asesorías que estaban a cargo del inspectores técnicos de obra con los recursos que se entregaron para pagar las asesorías. Hoy está a un nivel de solicitud de antecedentes al Servicio de Salud y con eso nosotros podemos dar cuenta que efectivamente se ocuparon bien las platas o no se ocuparon como se debía y se empezó a pagar asesorías para otros proyectos venideros o de menor envergadura».

Otro de los aspectos que mantiene en el ojo del huracán a la división de inversiones del Ministerio de Salud es el despido de Inspectores Técnicos de Obras (ITOs), lo que, según afirman desde la cartera, implicaría ahorros millonarios para las empresas que realizan la construcción de los recintos hospitalarios.

Sobre el punto, Barrios justificó la determinación asegurando que «en las obras existe un concepto que es el Síndrome de Estocolmo, donde los equipos técnicos se enamoran de las obras y lo que propician naturalmente es que la obra no termine, porque si lo hace, la gente queda sin trabajo. Entonces aumentan los plazos y la obra no termina nunca. Decidimos que vamos a medir a los ITOs, además de elementos de calidad, por este nivel de cumplimiento de términos de obra».

El propio Luis Barrios habría dado instrucciones verbales a los servicios de Salud de no fiscalizar el trabajo técnico, lo que fue descartado categóricamente por la autoridad.

«Si existe alguna instrucción, ojalá me la hagan saber (…) había una serie de solicitudes de cambio lógicas, pero que afectaban a un proyecto en construcción. Nuestro trabajo es sacar el proyecto adelante».

Descargos de Álvarez

«Doy esta entrevista por la presión de la familia y por la necesidad de decir la verdad». Así comenzó la primera conversación con un medio de comunicación Mauricio Álvarez, exjefe de presupuesto de la división de inversiones del Ministerio de Salud, quien fue amenazado con un arma de fuego por las contrataciones irregulares de 19 profesionales en el proyecto del Hospital de Buin y Paine.

Una conversación en la que el propio Álvarez relató en detalle cómo ocurrieron los hechos, asegurando que Marcos Pozo Reyes y Pía González González son los responsables del fraude al Fisco que denunció en octubre del año pasado.

Mauricio Álvarez detalló que conoció a Marcos Pozo a raíz que él y su pareja llegaron a «tomarse» una parcela vecina donde él vivía. El propio Pozo se ofreció para realizar un cierre perimetral del lugar y, desde entonces, tanto Pozo como González comenzaron una relación cercana con la familia de Álvarez.

Fue la arquitecta Pía González, según relata, quien le pidió que la recomendara para encontrar una fuente laboral, por lo que Álvarez entregó su contacto al jefe del proyecto del Hospital de Buin y Paine, Francisco Márquez.

«Justo, en el proyecto hospital San Luis de Buin, se dio la instancia de comentarle que conocía a un arquitecto (…)´Si te sirve bien y si no, bien también´. No había ningún compromiso de por medio», reveló en entrevista con ADN.

Según Mauricio Álvarez, la amenaza con arma de fuego en su contra se gesta debido a que el 10 de octubre del 2018 llegó la inspección del trabajo a su hogar preguntando por el encargado de la obra, el cierre perimetral que se desarrollaba en el lugar.

Álvarez le pidió explicaciones a Pozo y éste le habría respondido que, por las molestias, lo podía retribuir de manera económica. «Los profesionales que ingresó Pía y que ingresé yo, que son en su mayoría amigos míos, les cobramos un porcentaje por poder participar en el desarrollo de este proyecto».

Presunta agresión sería falsa

No ha declarado ante la Fiscalía, pero pide hacerlo cuanto antes. Se trata de Marcos Pozo Reyes, pareja de Pía González González, quien habría amenazado con arma de fuego al exjefe de presupuesto de la división de inversiones del Minsal, Mauricio Álvarez.

Una denuncia que Pozo Reyes desestimó por completo en conversación exclusiva con ADN, dando un vuelco en la compleja historia sobre las irregularidades en el proyecto del Hospital de Buin y Paine. «El tema de la amenaza es completamente falso», sostuvo agregando además que fue el propio Álvarez quien los invitó a ser parte de esta red.

«De esos sueldos sí se hicieron comisiones y se pagaban directamente a Mauricio Álvarez. Él la repartía con su gente, que son personas que están dentro del ministerio (…) Yo le entregué el dinero personalmente a él, en efectivo. Es un peaje por trabajar, por habernos adjudicado un contrato. En total son más de 28 millones de pesos los que se le entregaron a Mauricio Álvarez», afirmó.

Junto con esto, Marcos Pozo aseguró que, así como en el proyecto de Buin y Paine, hubo otras cuatro iniciativas en las que se replicaría esta red: Parral, Constitución, Lota-Coronel y Puerto Varas.

«Habría que haber contratado más de 100 profesionales, porque no podían repetirse los nombres (…). Hicimos las visitas a terreno, pero con la denuncia nos bajaron de todo», cuenta Pozo quien detalló parte de las planillas donde el propio Mauricio Álvarez le pedía una lista de profesionales que cumplirían una determinada función, pero pagando el denominado «peaje» del 10% de su sueldo.