La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el reglamento del test de droga que se busca aplicar a los diputados y diputados en ejercicio.
De acuerdo al documento legislativo, el examen busca regular «la prevención del consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas y establece la realización periódica de controles a las diputadas y diputados en ejercicio».
Su objetivo es «elevar los estándares de transparencia en la labor parlamentaria, junto con evitar la comisión de delitos del narcotráfico u otros relacionados a estos, y cualquier relación entre esta Cámara y las redes del narcotráfico que existen en el país».
Durante la votación, la Sala de la Cámara Baja aprobó una indicación del diputado Juan Antonio Coloma (UDI) que establece que los resultados sean públicos. Dicha enmienda había sido rechazada en la Comisión de Constitución, pero fue restituida tras conseguir un respaldo de 87 votos en el hemiciclo.
“Cuando decidimos hacernos el test de drogas lo hacemos para algo, para que la gente sepa si su parlamentario por el que voto es o no es consumidor de drogas”, indicó Coloma.
Además, se rechazó la enmienda que buscaba que se aplique un análisis de orina. Así, se realizará un examen de pelo, adjudicado a un laboratorio autorizado mediante una licitación pública que se renovará cada cuatro años.
En tanto, se aprobó que quienes arrojen positivo deberán levantar su secreto bancario. Quienes tengan transferencias superiores a 800 unidades de fomento, deberán ser justificadas. En caso contrario, serán derivados a la Comisión de Ética y Transparencia.
La diputada Karol Cariola (PC) lamentó el cambio, ya que originalmente quedaba consignado el levantamiento para todos los diputados en el lapso de un año. «Nosotros habíamos propuesto que la manera efectiva de hacer uso de esta herramienta era con la apertura del secreto bancario para todos y todas las parlamentarias», consignó.
Finalmente, se respaldó una norma transitoria que establece que «todos los diputados en ejercicio deberán someterse a un control de drogas dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de aprobación del presente reglamento”.
Entre los puntos que no recibieron indicaciones, se mantuvo que el test se realice una vez al semestre de manera aleatoria. Ningún diputado podrá eximirse y cada uno se deberá hacer el control al menos dos veces durante el periodo legislativo.
«Parece un proyecto errado, populista que va en la dirección contraria por donde camina el mundo que es justamente desde una perspectiva de derechos humanos, del cuidado, la no estigmatización y no criminalización de los usuarios”, indicó la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista), fundadora y directora de Fundación Daya, organización que promueve el uso de la marihuana medicinal.