Congreso

La sala de la Cámara de Diputados aprobó este martes en particular y despachó al Senado el proyecto de ley que tipifica como delito el desvío, contaminación, usurpación u ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas.

La iniciativa establece una modificación al Código Penal para condenar los daños que generen las personas o entidades y que afecten las aguas del país. Entre las sanciones, se plantea una sanción de pena de presidio menor en su grado máximo (tres años y un día a cinco años de cárcel) y multas de 500 a 5.000 unidades tributarias mensuales.

La diputada Cristina Girardi (PPD), autora de la moción explicó que “este proyecto de ley pretende sancionar el robo de agua. Hoy la única sanción que tienen las personas que roban agua y dejan a mucha gente sin sustento es pagar solo una multa. Tiene que haber millonarias multas y penas de cárcel efectivas para quienes atenten contra este vital recurso”.

“El tema del agua pasó a ser una prioridad en nuestro país y debemos trabajar para regular su situación y evitar que sigan robando a destajo este vital elemento”, agregó.

Por su parte, la diputada Carolina Marzán (PPD), señaló que “he visto en terreno cómo se abusa del agua, de un recurso esencial para la vida. La usurpación y el sobre aprovechamiento del agua realizado por algunos, constituye un atentado contra la vida en sí. Estoy segura de que la fuerza de la esperanza de aquellos luchadores y defensores del agua, terminará por transformar el modelo egoísta y mezquino que gobierna los torrentes de agua que nutren nuestra tierra”.

Finalmente, Girardi apuntó a una rápida tramitación del proyecto en el Senado para que se convierta en ley de la República. “Espero que esta ley efectivamente se apruebe con prontitud en el Senado. Hoy pasamos por una situación de cambio climático y sequía que no podemos obviar. Además, o podemos tolerar más que quienes más tienen, sean los que más roban”.

La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto que habilita un bono de $200 mil para los cotizantes que tienen saldo cero en sus cuentas de AFP, sin el articulado que había incluido el Ejecutivo a fin de establecer una cotización adicional de dos puntos para comenzar a reintegran los fondos que se retiraron anticipadamente.

Ese punto había sido defendido con intensidad por el oficialismo, y a pesar de que en la Comisión de Hacienda vieron una posibilidad de que eso “flotara”, en definitiva, la Sala lo rechazó con 76 votos en contra.

Otra de las modificaciones fue que el Gobierno cedió ante la presión de los parlamentarios a fin de incluir en este beneficio a quienes tienen menos de $200 mil en sus cuentas de capitalización individual. Esas personas recibirán un bono por el monto que les reste para alcanzar los $200 mil.

Eso sí, la oposición no logró que el dinero se deposite en las CuentaRut de los beneficiarios, por lo que el bono irá a la cuenta de la AFP que corresponda, para que desde ahí se haga el retiro. La indicación que modificaba eso se declaró inadmisible, dado que los parlamentarios no tienen atribuciones para afectar el destino de fondos que se entienden como previsionales.

Con el articulado aprobado, que ahora será revisado en el Senado, 3.552.000 personas serían beneficiadas.

Ayer, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, aprobó el articulado del proyecto de ley impulsado por el Gobierno que busca instaurar un bono para la clase media, además de un préstamo solidario y bonos para transportistas.

La sesión estuvo marcada por la indicación introducida por el Ejecutivo, con relación a la emisión de un bono de $100 mil pesos para pensionados del sistema de rentas vitalicias, llegando a 430 mil beneficiarios, recogiendo así las peticiones de los integrantes de la comisión.

La indicación fue aprobada por 11 votos a favor y una abstención, por parte del diputado Giorgio Jackson (RD) y su texto expone que «también serán excepcionalmente beneficiarios del bono clase media los pensionados de vejez e invalidez acogidos a la modalidad de renta vitalicia equivalente a un monto igual o inferior a $408.125», añadiendo que el bono ascenderá a la suma de $100 mil.

En ese plano, la iniciativa fue valorada por personeros de oposición como el diputado Pablo Lorenzini (DC), quien señaló que «es una muy buena disposición, aquí había un sector que estaba quedando fuera. Y está aquí la indicación formal en el sentido de lo que estábamos planteando».

En el mismo sentido, desde el oficialismo, Leopoldo Pérez (RN) comentó que “la aprobación da cuenta de que con diálogo se puede arribar a buenas decisiones y así ayudar a quienes no pudieron ser beneficiados en los primeros programas de ayuda a la clase media. Esto también muestra que la confrontación no nos lleva a nada y debemos estar conscientes de que miles de chilenos necesitan que nos pongamos de acuerdo ya para ir en su ayuda, en medio de esta dramática pandemia».

En la sesión, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, detalló que «como Gobierno en general nos gusta la palabra diálogo», y añadió «buscamos que estas personas no solo tuvieran un bono, sino que además permite que accedan a un préstamos».

Sobre el préstamo, el secretario de Estado manifestó que «si la persona pide el préstamo por tres cuotas, podría optar a $1 millón que pagaría hacia adelante. Se pagaría en cuotas mensuales, donde no pueden acceder de un 5% de la pensión», agregando que «estamos pensando que la pensión es de cerca de $300 mil, un 5% como tope es $15 mil, tiene un máximo de 48 cuotas en cuatro años, y si no se alcanza a pagar, se condona la deuda», sostuvo, fijando como primera cuota a cobrar en enero de 2023.