Carolina Tohá

Durante la jornada de ayer viernes se iniciaron las reuniones lideradas por la ministra del Interior, Carolina Tohá, para lograr un eventual acuerdo político transversal de seguridad.

Esta iniciativa busca alcanzar un consenso de distintas fuerzas concluyentes en un proyecto que pueda ser presentado al Congreso para su legislación.

Personeros de Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad estuvieron presentes en la instancia.

De acuerdo a información de Radio Biobío, Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, recalcó como tema prioritario la denominada crisis de seguridad del país, que se espera tenga una buena acogida dentro del sector.

La ministra Tohá reiteró que este proceso que se inició con parlamentarios del oficialismo, continuará la próxima semana con la oposición y los gobernadores regionales.

También está previsto generar instancias de coordinación posteriores en cada región con los gobernadores, tras las reuniones en Santiago.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, criticó el tenor que ha tomado el debate sobre la seguridad pública en el escenario político, ya sea por parte de personeros que representan a la oposición como al oficialismo.

En una entrevista a radio Agricultura, la jefa de gabinete manifestó que “en todo el sistema político ha habido históricamente mucha pelea en torno a los temas de seguridad, muchos dimes y diretes”.

“Es normal que en esta materia hayan distintas opiniones… el problema es que esto ha escalado a un punto en que la seguridad es, por decirlo así, la arena en que los actores políticos se enrostran y se sacan cuentas permanentemente”, aseguró la secretaria de Estado.

Indicó que “a uno a veces le toca estar en el gobierno, al otro en la oposición, entonces uno es el que tira y el otro es el que recibe y después se da vuelta la situación. En la política nadie puede negar y en la ciudadanía ya ni hablar, es algo clarísimo, que esa forma de discutir de seguridad es improductiva”.

Argumentó que esta situación “nos ha hecho hablar de la seguridad en términos de muy de corto plazo, en términos muy efectistas, en términos muy de réditos políticos y poco de ir a lo sustantivo de las cosas, a buscar las soluciones más de fondo. Eso le ha pasado la cuenta muy gravemente al país”.

Tohá aseveró que “las diferencias no pueden ser un factor que frene que hagamos aquellas cosas en que estamos de acuerdo en que hay que avanzar. Hay muchas cosas que transversalmente se acuerdan, pero igual no se hacen porque prima la pelea chica”.

La titular de la cartera del Interior también se refirió a las críticas del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), sobre el actual de las policías, especialmente de Carabineros, durante este gobierno.

Al respecto, la ministra señaló que “el alcalde Jadue ha planteado esa opinión crítica, pero el gobierno que está hoy en La Moneda es un gobierno donde, entre otros, está involucrado el partido del alcalde Jadue”.

“Y es un gobierno donde hay una postura muy clara en el sentido que las policías tienen una labor que tienen que cumplir, que es perseguir el delito, hacer cumplir el funcionamiento básico de la vida de la sociedad y cuidar el orden público, respetando el derecho a manifestarse de las personas”, recalcó.

Aclaró que “las policías no pueden actuar contra una persona que se está manifestando pacíficamente”, pero sí deben responder cuando “esa manifestación está afectando un negocio de la esquina, o está botando un semáforo, o está impidiendo que una persona que va pasando por el lugar transite”.

Agregó que “las policías tienen un rol que cumplir y tienen unos códigos para cumplirlo. Cuando uno dice respaldamos la labor de las policías no está diciendo chipe libre para las policías, no está diciendo que las policías disparen bombas lacrimógenas a la cara de los manifestantes, eso no es aceptable”.

La secretaria de Estado sostuvo que “aquí existen grupos que tratan de poner como contrapuestas cosas que no son contrapuestas. Una policía efectiva no es una policía que viola los derechos humanos, una policía efectiva es una policía que es capaz de hacer sus procedimientos y tener resultados respetando los derechos humanos”.

Añadió que “quien crea que cada vez que actúa la policía están violando los derechos humanos se equivoca, y quien crea que para que las policías actúen de manera efectiva hay que pasar por alto los derechos humanos también se equivoca”.

“Este es un caso que tiene un carácter internacional. Nosotros estamos dispuestos y activos, aportando a esa investigación a través de la Policía de Investigaciones”, señaló la ministra Tohá. Chile es parte de los 54 países, en los cuales el régimen chino ha instalado presuntos cuarteles policiales ilegales.

La investigación realizada del organismo de derechos humanos Safeguard Defenders constató que China ha instaurado a nivel mundial 54 centros de servicios policiales secretos y no declarados en distintos países, con el propósito de obligar a quienes migraron a regresar al país y silenciar a la disidencia política.

Se autodenominan “Estaciones de servicio en el extranjero 110”, al igual que el número de emergencia de la policía china.

La unidad de investigación de Radio Bío-Bío accedió a un listado de 30 presuntas comisarías secretas, y pudo revisar que una está ubicada en la ciudad de Viña del Mar, acompañada de una dirección y un número de contacto chileno, en el cual los ciudadanos asiáticos pueden contactarse en caso de emergencias, como si fuera una estación policial.

Según testimonios de la comunidad comentaron que es “regular” ver el ingreso de ciudadanos chinos. Aún no es posible confirmar si funciona o funcionó en dicho lugar un cuartel policial secreto.

Lo que se pudo confirmar es que un número de teléfono está asociado a un restorán chino de Recoleta.

Tras consultar al Consulado de China en Santiago sobre una posible estación policial secreta para silenciar a opositores políticos, respondieron que no poseen antecedentes sobre la existencia de alguna oficina.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al informe del organismo Safeguard Defenders tras terminar la reunión del comité político encabezada por el presidente Gabriel Boric.

“Este es un caso que tiene un carácter internacional. Nosotros estamos dispuestos y activos, aportando a esa investigación a través de la Policía de Investigaciones”, confirmó la ministra Tohá.

Y agregó que “en la medida que haya información relevante que comunicar a la ciudadanía, se las iremos contando. Por ahora, participamos de la investigación”.

El informe elaborado por el organismo de derechos humanos Safeguard Defenders señaló que los cuarteles de policía secreta es “un medio para que el Partido Comunista Chino (PCCh) tome la ley en sus propias manos, sin importar la jurisdicción”

Laura Harth, directora de campaña de Safeguard Defenders, señaló a The Associated Press que el propósito es “reprimir a la disidencia” y “silenciar a la gente“, además que las personas que tienen familiares en China “tienen miedo de hablar”.

Los expertos realizaron esta investigación debido a que las oficinas de seguridad china en Fuzhou y Qingtian hicieran públicas sus direcciones.

La versión del régimen chino es que estos centros se han utilizado para disuadir el “fraude transnacional” y brindar servicios diplomáticos a los ciudadanos que viven en el exterior.

Según el informe, entre abril de 2021 y julio de 2022, la policía china reubicada en el extranjero “persuadió” a 230.000 presuntos fugitivos para que regresaran al país “voluntariamente”, aunque las autoridades chinas admitieron que no todos los ciudadanos habían cometido un delito.

El reporte permitió localizar la concentración de cuarteles policiales no declarados en el exterior. Los gobiernos de Canadá, Londres, Glasgow, Nueva York, Ottawa, Dublin, Madrid, Amsterdam, Rotterdam y Sidney, ya comenzaron sus investigaciones sobre la instalación de estos centros.

En tanto, en Latinoamérica estos centros policiales ilegales se encontrarían en Buenos Aires, San Pablo, Río de Janeiro, Guayaquil, Quito y Viña del Mar.

Algo común comparten Chile y Argentina, y es que las presuntas comisarías ilegales serían administradas por la Oficina de Seguridad Pública del condado de Fuzhou (provincia de Fujian).

Carolina Tohá, ministra del Interior, lamentó este miércoles la muerte del sargento segundo Carlos Retamal, víctima de una brutal golpiza con un fierro cuando estaba fiscalizando una carrera clandestina en la ciudad de San Antonio el domingo pasado.

La jefa de gabinete indicó que “el sargento Retamal falleció después de ser herido en un procedimiento policial en que estaba controlando una carrera clandestina. Falleció producto de su decisión de cumplir su deber y de controlar una actividad que es riesgosa para toda la población”.

La secretaria de Estado, que este miércoles estuvo presente en la comisión investigadora de irregularidades en la Policía de Investigaciones (PDI) de la Cámara de Diputados, afirmó que “en Chile tenemos hace poco tiempo una legislación que permite controlar de manera mucho más efectivas estos actos. En este caso, vamos a pedir que todas las instituciones desliguen todos sus esfuerzos para dar con los hechores de este atentado que merece toda nuestra condena”.

Recordó que hay cuatro personas que participaron de la carrera que están formalizadas. “Sin embargo el hechor, la persona que lanzó el objetó que terminó con la vida del sargento Retamal, todavía no la tenemos identificada”, aclaró.

Es por eso que solicitó a las concesionarias de las carreteras ayudar a identificar las patentes de los vehículos participantes. También pidió colaboración a los vecinos del sector y a los que estuvieron presentes en las carreras.

“Ellos y ellas, especialmente les pediría… me imagino que cuando se sumaron a este hecho que de por sí es condenable, jamás imaginaron que terminaría con un carabinero muerto. Especialmente a ellos quisiera solicitarle y emplazarles a entregar los antecedentes para dar con la persona responsable de este terrible homicidio”, añadió.

El gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, habló sobre sus expectativas en el trabajo que espera lograr junto a la nueva ministra del Interior, Carolina Tohá, en el marco de su visita a la región.

Este sábado, en entrevista con Radio Biobío, Rivas expresó que la experiencia política de Tohá permitirá mejorar la situación de seguridad que se vive en la zona, en contraste con lo ocurrido con Siches.

«Espero que aquí tengamos, entre comillas, un segundo tiempo mucho mejor que lo que vino hasta ahora, y yo he sido bastante crítico de lo que ha pasado en temas de seguridad (…) creo que la gestión realizada por la ministra Siches no fue la adecuada, de hecho su venida a la región fue bastante cuestionada», acotó.

Además, el gobernador de la novena región agregó que ha tenido dos citas con la ministra Tohá «una reunión en que ella me vino a visitar, donde pudimos levantar varios puntos que para nosotros son de interés, y la otra referente a este comité operativo contra el crimen organizado».

Sumado a lo anterior, Rivas mencionó que si bien desde el Gobierno discrepan que las situaciones vividas en La Araucanía sean terrorismo, lo importante del asunto debe recaer en dar soluciones de seguridad a la ciudadanía.

«Creo que cuando hay una causa que muchas veces es sistemática e ideológica donde se han perdido 54 vidas, claramente aquí hay delitos o formas de actuar de carácter terrorista», aseveró.

Finalmente, detalló que próximamente espera dialogar con todas las comunidades: ya sean desde bandos que han perpetrado ataques, hasta las personas que han sido víctimas, como agricultores de la zona.