El Senado despachó a la Cámara el proyecto que busca extender los beneficios de la Ley de Protección del Empleo, con el fin de aprobarla antes del receso legislativo.

Actualmente, la norma tiene vigencia sólo hasta el 6 de marzo y por eso se le dio urgencia a esta discusión, con el fin de mantener la herramienta vigente antes de comenzar el receso. De esta forma, en votación unánime, la sala del Senado respaldó con 36 votos a favor la extensión de los beneficios hasta el 6 de diciembre de este año.

En la práctica significa que el Ministerio de Hacienda va a tener la facultad de invocar la extensión de esta facultad para suspender contratos o reducir jornadas en la medida que la pandemia lo requiera, durante todo el 2021.

Esto no generó mayor discusión en el Senado, donde todos concuerdan en que extender los plazos de esta herramienta es fundamental, en medio del aumento de contagios por covid-19 que ha extendido la duración de la crisis.

De hecho, la senadora DC, Carolina Goic, señaló que es importante ir más allá y a contar de marzo hacer una evaluación integral respecto del impacto que ha tenido esta norma y cómo enfrentar este año.

El proyecto plantea activar hasta nueve giros adicionales con cargo al Seguro de Cesantía, desde donde saldrían los recursos para financiar parte de los ingresos de los trabajadores suspendidos.

Esto provocó la atención de los parlamentarios en materia de la sostenibilidad financiera de los fondos, ya que varios trabajadores ya habrían agotado sus reservas. En ese sentido, el senador socialista Carlos Montes, se sumó a la senadora Goic y señaló que es importante hacer una revisión también de las cuentas fiscales para ver con qué recursos se va a enfrentar un año que será difícil.

En el Gobierno dicen que el financiamiento está asegurado y que se ponen en tres escenarios, que la herramienta se extienda hasta junio, septiembre o diciembre, dependiendo del avance del virus.

Lo explicó la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quien dijo que los fondos se han ido retroalimentando con las cotizaciones que los empleadores tienen que seguir pagando y que, incluso, para quienes han sido despedidos tras la suspensión, el pago está garantizado.

De esta forma, queda pendiente el trámite en la Cámara para que este proyecto se convierta en ley, algo que debería ocurrir en lo que queda de esta semana.