La presidenta del Senado, Ximena Rincón, envió un informe a la Fiscalía, la Corte Suprema y al Presidente de la República, respecto de antecedentes de los denominados "presos del estallido social", quienes han estado en prisión preventiva desde las fechas cercanas al 18 de octubre del 2020.

Durante esta jornada, el presidente electo Gabriel Boric se refirió al proyecto de indulto que se está siendo tramitado en el Congreso, y aseguró que "esperamos que se resuelva en el actual Congreso y hacemos un llamado, y lo hemos conversado también con el senador y presidente de la comisión de Constitución, senador Pedro Araya, para que esto se resuelva a la brevedad".

Luego de estos dichos, la senadora manifestó: "Es una opinión respetable, y obviamente nosotros esperamos que la discusión se haga con los antecedentes que nosotros tenemos sobre la situación que afecta a estas personas y que se tomen medidas de parte de la Fiscalía y de los Tribunales de Justicia".

"No puede ser que, las personas en general, que estén sometidas a prisiones preventivas, si uno mira los casos, probablemente al contar el tiempo, muchos de los casos ya habrían cumplido la pena que le hubiesen asignado de haberse sancionado", agregó.

De todas maneras, la líder de la Cámara Alta aclaró que ella posee su "opinión en particular, porque no puedes indultar a quien no ha sido sancionado", y que "hay un tema de conceptos que hay que revisar".

Puntualmente, en el informe enviado por la legisladora, se señala que se "hace presente la existencia de preocupantes datos sobre sesenta y nueve personas que se encuentran privadas de libertad, sin condena previa, por periodos que van desde seis meses hasta dos años y dos meses".

"La cuestión que nos ocupa es que en Chile existen personas privadas de libertad sin estar condenadas y personas condenadas, con derecho a cumplirlas en libertad, que, sin embargo, permanecen encarceladas porque la acción del Estado no ha sido debidamente eficiente", versa el escrito.

Se asegura en el documento que existen 144 ciudadanos regidos bajo una medida cautelar y no por una condena, por hechos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2021. De este número, 69 personas no han tenido juicio en su contra.

"La preocupación gravitante para la suscrita no radica en las personas condenadas, ni siquiera en aquellas que aún cuando pudieron estar tiempo excesivo en prisión preventiva, actualmente se hallan condenadas, sino que en aquellas 69 personas que estarían en prisión preventiva por periodos que irían desde seis meses a dos años y dos meses, sin que se les haya realizado un juicio, de conformidad con los datos entregados por el Ministerio de Justicia", especifican.