El Gobierno entregó un balance respecto a la promulgación del Registro Nacional de Deudores, el cual empezó a operar desde el pasado 19 de noviembre y establece una serie de retenciones a deudores que deban la pensión de alimentos.

Según informó el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, se han enrolado 1.600 instituciones, se han realizado 650.000 consultas al sistema y ya se han ejecutado 411 inscripciones solicitadas por tribunales.

El registro consiste en un sistema electrónico que se actualiza mensualmente y es administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificaciones.

Es remoto, gratuito e inmediato para cualquier persona o institución que tenga la obligación legal de consultarlo, tales como deudores, demandantes, representantes legales, tribunales, bancos, notarias, municipalidades, entre otras instituciones públicas y privadas.

Para ingresar se debe tener una causa por pensión de alimentos ante los Tribunales de Justicia por 3 meses consecutivos o 5 discontinuos.

Aparecer en la lista contempla una serie de restricciones. Por ejemplo, a los deudores que solicitan créditos bancarios o devolución de impuestos se les retiene una parte de esos ingresos para pagar la pensión.

Mientras que aquellos que intenten vender un inmueble o un vehículo, solo pueden hacerlo si acreditan haber pagado los alimentos adeudados.

También hay retenciones para los deudores que sean contratados o ascendidos por el Estado, Poder Judicial o Congreso, los directores o gerentes generales de sociedades anónimas.

Además, quienes estén en el registro no reciben determinados beneficios o bonos del Estado, así como tampoco pueden obtener licencia de conducir ni pasaporte al menos que acrediten ante un tribunal la necesidad total de esos documentos.

Los datos que aparecen en el sistema son el nombre completo y número de cédula de identidad o documento de identificación; el número de personas alimentarias afectadas; el monto actualizado de la deuda; el tribunal que fijó la pensión; y datos de la cuenta dispuesta para el pago.

Para salir del registro, la persona deberá pagar la totalidad de la deuda o suscribir un acuerdo de pago serio.