El Tribunal Constitucional rechazó la petición del Senado que buscaba impugnar el trabajo de la Comisión contra la Desinformación por estimar que se trata de una instancia que busca restringir las libertades individuales y que por lo mismo debía ser motivo de una ley que se discutiera en el Parlamento.

En contra del requerimiento estuvieron la presidenta del TC, Nancy Yáñez, y los ministros integrantes Nelson Pozo, María Pía Silva, Daniela Marci y de la ministro suplente Muñoz.

Por acoger la solicitud estuvieron los ministros Cristián Letelier, José Ignacio Vásquez y Miguel Ángel Fernández.

De esta forma, la comisión asesora que busca analizar el fenómeno de la desinformación a nivel local y que fue instalada por el Ejecutivo mediante el Decreto Supremo N°12 del Ministerio de Ciencia, podrá continuar sesionando.

La senadora de la Democracia Cristiana Yasna Provoste, afirmó estar satisfecha con la decisión adoptada por el TC pues -a su juicio- “fortalece la institucionalidad democrática y establece plenas garantías para que este gobierno u otro pueda establecer comisiones asesoras de expertos”.

En esa línea, Provoste criticó que este recurso, presentado por el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, (UDI) haya puesto “en tela de juicio” la constitucionalidad de distintas comisiones asesoras creadas a través del tiempo como la Comisión Valech.

“Creemos que en esto el presidente del Senado actuó de una manera que no se condice con la investidura de su cargo, para todos quienes tenemos memoria la forma en que han actuado otros u otras presidentes del Senado ha sido siempre con un acuerdo unánime de los comités. Esta es la primera vez en donde se actúa más que como presidente del Senado como presidente de un lote“, agregó la parlamentaria.

La senadora Provoste insistió que “no corresponde acentuar el clima de polarización -como se hizo con este proyecto de acuerdo- y debiera promover acuerdos transversales para resolver materias urgentes que preocupan a la sociedad chilena como es la inseguridad, los signos de corrupción, las bajas pensiones”.