Este jueves el relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento de la ONU, Leo Heller, respondió la denuncia que realizó la activista de Petorca, Bárbara Astudillo, sobre la omisión del Estado en garantizar acceso al agua y saneamiento en zonas de escasez hídrica, y solicitó al Gobierno que priorice los derechos del agua y la salud por sobre el uso de plantaciones de palta y producción de electricidad.

En el informe, el Alto Comisionado señaló que “el Gobierno chileno no cumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos si da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos humanos al agua y a la salud”, como el negocio de la palta y el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.

Como antecedente, debido a la escasez extrema de agua, el Gobierno declaró el año pasado el estado de emergencia en Petorca, localidad donde un palto consume tres veces la cuota de 50 litros diarios que se suministra a los habitantes a través de camiones aljibe.

Al respecto, Heller indicó que esta cuota “no es suficiente para cubrir las necesidades domésticas usuales durante una pandemia” y añadió que “el Ministerio de Salud de Chile recomienda el lavado de manos como una de las maneras más efectivas para prevenir la propagación del COVID-19, por lo que el Gobierno debe garantizar un suministro de agua adecuado para todas las personas y asegurarse de que las empresas no socaven la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones”.

A lo anterior se suma que, en abril de este año, la Seremi de Salud de Valparaíso aprobó una resolución que incrementa la cuota a 100 litros diarios por persona en la Provincia de Petorca. Ocho días después, en una decisión que podría ser ilegal conforme al derecho internacional, revocaba esta resolución.

Para Heller resulta “inimaginablemente” que el Gobierno siga otorgando nuevos derechos de agua a empresas agrícolas y que no haya logrado controlar el uso ilegal y excesivo de agua de las empresas de paltas.

Sin embargo, gracias a un recurso presentado por la Defensoría de la Niñez, la Corte de Apelaciones de Valparaíso revirtió dicha revocación, estableciéndose que los 100 litros de agua debían ser entregados. El fallo a favor de los habitantes de Petorca se conoció hace alrededor de un mes, y sin embargo hasta la actualidad aún no se procede a aumentar el cupo de agua.

Sobre esto se refirió la activista feminista por Petorca, Bárbara Astudillo, quien envió la misiva al Alto Comisionado y presentó durante estos meses varias acciones judiciales y recursos de protección junto a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, para garantizar el acceso al agua y la protección de los derechos humanos de los habitantes de la provincia.

“Hoy un experto de la ONU ha dicho lo que todos y todas en el territorio de Petorca venimos diciendo hace décadas, el Estado de Chile no puede ni debe priorizar el uso del agua en la industria de la palta por sobre la vida de las comunidades. Es evidente que en Chile el uso privado de las aguas ha generado una crisis hídrica que se ve representada en los números que vemos, mientras el 96% del agua es utilizado por industrias, tan sólo el 4% lo es en la población, lo que genera que el agua potable de alcantarillado sea un privilegio”, sostuvo.

En esa línea, señaló que “acá se sobrevive con menos de 50 litros diarios por persona, los que vienen en camiones aljibes, porque el agua de nuestra zona es utilizada para la producción de palta a gran escala y aquello el Estado no solo lo ha dejado, sino que lo ha invisibilizado detrás de una sequía, cuando el mayor problema es el saqueo que vivimos del agua en nuestro territorio de la Provincia de Petorca”.