EDITORIAL

Ayer, en cadena nacional, el Presidente de la República, Gabriel Boric, dio a conocer el llamado pacto fiscal, a través del cual se busca recaudar 8 mil millones de dólares en recursos estatales “para el desarrollo y el bienestar” del país y la población. De hecho, aseguró: “Queremos un sistema moderno, justo y eficiente, que entregue garantías a todos y todas de cómo usan sus impuestos, cuántas pensiones, cuánto en educación, cuánto financia cada impuesto que se paga”.

El mandatario ahondó en los 6 puntos esenciales de la iniciativa y subrayó que para llegar a plantearla hubo “más de 30 reuniones con diversos actores económicos, sociales y políticos”, en un ejercicio de diálogo abierto.

En primer punto, el pacto fiscal incorpora principios "para un sistema tributario moderno en Chile". En segundo lugar, se abordarán las necesidades y prioridades de gasto en favor de la ciudadanía. En su conjunto, las propuestas en materia de gasto involucran recursos por US$8.000 millones, equivalentes a 2,7% del PIB en régimen. Para obtener los recursos necesarios, se propone en un tercer aspecto: fortalecer la transparencia, eficiencia y calidad de servicio en el Estado.

En cuarto lugar, el Ejecutivo impulsará el crecimiento a través de la inversión, la productividad y formalización de la economía. El pacto también incorpora el fortalecimiento de la administración tributaria y reforma del impuesto a la renta. También se contempla mecanismos institucionales para el seguimiento, monitoreo y evaluación del pacto fiscal.

Este "pacto", no obstante, no es más que una reforma tributaria encubierta y condensada, es decir, acotada a alero de la derecha y sus propuestas. Lejos quedó el famoso "impuesto a los súper ricos" o al patrimonio, que tanto defendía el actual oficialismo, hace unos dos años, cuando eran oposición.

Ahora bien, si la derecha cumple su palabra, este pacto saldrá adelante. Tiene la venia del empresariado y organizaciones sociales. Pero sabemos que la oposición (o las oposiciones) no siempre cumplen lo que dicen. Condicionan respaldo al proyecto. La derecha incurre en aprovechamiento político. Pide la cabeza del Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson,  o del Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. No basta -para ellos- la renuncia de una serie de seremis a nivel regional. Quieren las cabezas ministeriales. Un cambio de gabinete que, por ahora, creemos no sucedería.

Ayer, hasta el propio contralor, Jorge Bermúdez, dijo ayer en el Congreso, que con el "Caso Convenios" sí hay corrupción: "Ha sido la vía por la que ha ido permeando la irregularidad". Mientras no se despeje esta situación, la aprobación del pacto fiscal dependerá de la voluntad política de los adversarios de Boric. El tiempo dirá si se saca adelante o no, la iniciativa que implica más recursos para el fisco. Aunque la ciudadanía está reticente y desconfía en el uso que se hará de estos recursos y quien los administra: el actual oficialismo está desacreditado y deslegitimado.

Una inteligente muñeca política, hará posible que, la propuesta responda verdaderamente a necesidades urgentes, fomentar el crecimiento económico sostenible, la eficiencia de la gestión pública y la responsabilidad fiscal, incluyendo los ajustes tributarios anunciados. //ELF

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