La aprobación de un nuevo retiro del 10% de las AFP en la Cámara de Diputados no sólo fue una derrota para el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, sino que también puso en la mira al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien en la previa de la votación fue mencionado como posible merecedor de una nueva acusación constitucional desde la oposición.

Esta declaración surgió desde una de las autoras del proyecto, la diputada Pamela Jiles (PH). La legisladora, antes de la aprobación del nuevo retiro en la Cámara Baja, indicó que “cuando triunfemos mañana vamos por Briones”, a través de una acusación constitucional.

El principal argumento para la diputada Jiles fue que Briones es “quien está tratando de evitar que esto se apruebe en el Senado”.

Sin embargo, desde el Frente Amplio descartaron de plano apoyar una idea de esta naturaleza.

Las relaciones entre el conglomerado y Jiles se han tensado en el último tiempo, desde que la diputada ninguneó a la vocera del conglomerado, Beatriz Sánchez, y dijo que “políticamente casi no existe”.

Por ejemplo, el diputado Pablo Vidal (RD), dijo ante los medios de comunicación que “es tiempo de terminar con la chacota en la política, ponernos serios, porque lo que está en juego es demasiado grande”.

Similar a lo que manifestó otro miembro del Frente Amplio, el diputado Marcelo Díaz, del Movimiento Unir. Para el ex militante del PS, “la que tiene que explicarse es la Pamela Jiles”.

“La verdad es que yo no me hago parte de ninguna campaña de cacería de nada ni de nadie”, agregó Díaz.

La propuesta tampoco encontró apoyo en la Democracia Cristiana (DC). El diputado Matías Walker dijo que “no soy partidario de una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda. Es la hora de legislar”.

Hasta el momento, sólo las diputadas Gael Yeomans (CS) y Marisela Santibáñez (PC) se han mostrado a favor de una eventual acusación constitucional contra Ignacio Briones.

Yeomans, por ejemplo, indicó que este proceso se hace necesario porque “el ministro no se puede lavar las manos frente a esto, a su gestión y a sus acciones”. Mientras que Santibáñez dijo que “es una herramienta, un instrumento. Y si son 9, serán 10 acusaciones constitucionales”.