Por Manuel Vallaseca

Desde hace algunos años, el sistema educativo en Chile ha tendido a la integración de los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales (NEE) en la modalidad de educación regular, es decir, aquella dirigida a toda la población.

A través de los Programas de Integración Escolar (PIE), adoptados mediante convenios entre los colegios y el Ministerio de Educación (Mineduc), los establecimientos reciben a niños con necesidades transitorias (NEEP) y permanentes (NEET). Los alumnos integrados —como se les denomina— son sujetos de una evaluación diagnóstica, adecuaciones curriculares y subvenciones diferenciadas. Con estos elementos, se busca adaptar parcialmente el sistema regular para satisfacer las NEE.

En teoría, el modelo actual pareciera ser una solución satisfactoria para los desafíos que surgen de la integración. En la práctica, presenta problemas muy graves, desde su marco regulatorio hasta lo que ocurre en las salas de clases. En junio de este año, presentamos el informe “Estado de la educación especial en Chile”, que detalla el funcionamiento de la educación especial y profundiza en la implementación de los programas de integración escolar.

Las problemáticas descritas derivan de un mal diseño de política pública. Primero, la dispersión y ausencia de orden de las normas ha causado un exceso de carga administrativa e incertidumbre para los establecimientos. Segundo, la falta de articulación de reformas estructurales, como la Ley de Inclusión Escolar, con las reglas vigentes, tiene como consecuencia una admisión sin control, lo que hace impredecible la composición de la matrícula, en términos de NEE, e impide una adecuada preparación para los colegios. En tercer lugar, los decretos de evaluación diagnóstica y adecuaciones curriculares, al estar desactualizados y ofrecer poca flexibilidad, no permiten que, con los escasos recursos disponibles, las escuelas puedan responder de forma óptima a los desafíos que surgen de la admisión actual.

Por las razones expuestas, una reforma a la educación especial, específicamente, a los programas de integración escolar, es impostergable. Ella debería consolidar, actualizar y flexibilizar la normativa actual, fundamentalmente compuesta por decretos, en una Ley de Educación Especial. Esta debería permitir a los establecimientos responder, con más recursos, capacidades y autonomía, a las necesidades especiales que se presenten en su interior.