Por Gabriel Ascencio

Jefe de bancada de diputados DC

Nunca es posible caminar en direcciones completamente opuestas. El Intendente de la Región Metropolitana ha escogido transitar por el camino de la guerra, tal vez el único funcionario del gobierno que siguió rigurosamente al Presidente, que le declaró la guerra al país, hace casi dos meses.

El intento de homicidio, cometido por el Cabo de Carabineros, Mauricio Carrillo, es de la completa responsabilidad del Intendente Guevara, que preparó, durante toda la semana, el escenario para este desenlace.

De acuerdo a información no desmentida, ordenó el copamiento de más de 1000 carabineros, de una plaza pública, donde todos los ciudadanos tienen derecho constitucional de ingresar. El Intendente se sintió que tenía autoridad para restringir ese derecho, lo que no corresponde.

Tal vez el intendente, conocido por su vocación agresiva, encontró, en una condición de desgobierno, su oportunidad para lucirse, no importándole las consecuencias, en este caso, un joven, Oscar Pérez que, como cualquier otro ciudadano, intentó hacer uso de una plaza pública, fue arrollado por un carro de carabineros.

Toda la prensa anunció, durante varios días que el Intendente había declarado “tolerancia cero”, para quienes acudieran a la Plaza Italia, especialmente este pasado día viernes. Eso incluyó, como también ha sido informado, el reunir a una cantidad completamente desproporcionada de carabineros y vehículos, a los cuales se les transmitió, como obligatoriedad, la decisión del Intendente, “tolerancia cero”, en el marco de su propia guerra.

Oscar Pérez se encuentra hoy sometido a múltiples operaciones, permaneciendo en estado grave, mientras el Intendente habla de “fractura de pelvis” (son 4). Además, este joven tiene la uretra diseccionada, subsiste con sonda directa a la vejiga y fractura de sacro y rodilla, permaneciendo en estado grave, según la información médica. Por cierto, respecto a este intento de homicidio, no se ha escuchado opinión, ni del Director General de Carabineros, no del Ministro del Interior.

La permanencia del Intendente Guevara es un atentado a la seguridad de los habitantes de la Región Metropolitana y, si el gobierno insiste en mantener este tipo de funcionarios (al igual que al General Rozas), los diputados estamos obligados a hacer uso de la facultad constitucional que nos corresponde, en este caso, a favor de devolver la tranquilidad a quienes están amenazados por el irresponsable actuar del Intendente Guevara.