El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) solicitará gestiones ante el Ministerio Público, el Poder Judicial y los ministros de Salud, de Justicia y de Interior para la flexibilización del cumplimiento de medidas cautelares para personas que están procesadas y en prisión preventiva de manera de no arriesgarlos al contagio de coronavirus al interior de las cárceles en el contexto de la emergencia sanitaria.

En el contexto de la crisis sanitaria y la pandemia declarada por Covid-19 que recomienda el llamado distanciamiento social y las medidas ordenadas por el Gobierno para evitar aglomeraciones de personas en comercios, eventos, colegios y universidades, la obligada convivencia de las personas privadas de libertad, y en la mayoría de los casos, hacinamiento, se presenta como un problema inminente.

"Muchos y muchas de los hombres y mujeres en esta situación de prisión preventiva podrían eventualmente no ser condenados o, de serlo, es posible que ni siquiera tengan que pasar un día en la cárcel, ya sea por absolución o porque se sentencie una pena con beneficio. Ahora se enfrentan a brotes que ponen en riesgo sus vidas", dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La privación de libertad como medida cautelar, en el contexto de crisis sanitaria y pandemia, constituye un tema de Derechos Humanos y de igualdad con el resto de ciudadanos (no condenados) para poder acogerse a medidas de prevención como la cuarentena o el distanciamiento social, dice el INDH.

"Se hace la petición de revisar la situación de los detenidos en prisión preventiva con especial énfasis en las más de 2 mil personas, cientos de ellos jóvenes y estudiantes, que están procesados a raíz de hechos o incidentes relacionados con las Protestas Sociales desarrolladas a partir del 18 de octubre", añade el INDH en declaración pública.

Considerando que la gran mayoría de los casos anteriores de detenidos por estas razones han quedado en libertad por falta de pruebas, en la situación actual la prisión preventiva en cárceles pasa a ser una medida extrema que debería aplicarse sólo en casos de delitos gravísimos. Para el resto de detenidos por razones de trasfondo político se plantea el cumplimiento de la prisión preventiva en los respectivos domicilios. Dada la vigencia de Estado de Catástrofe se añade la imposibilidad de esgrimir hoy que estos detenidos constituyan un peligro para la sociedad.

"Se hace esta petición considerando también que ya existe como antecedente previo la decisión de la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Carla Capello, quien determinó esta semana sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario total para dos imputados de la llamada “Primera línea” en las protestas recientes", continúan en la entidad.

Por las razones expuestas, se solicitó al director del INDH, Sergio Micco, que intervenga para que se modifique la cautelar de privación de libertad, de modo que el proceso continúe en condiciones de cuidado a su salud, en el hogar, y sin vivir discriminación ni sanitaria ni política. Se solicita además que se homologuen las medidas de prevención y se implementen los equipos y protocolos de salud necesarios para atender el derecho a la vida que igualmente tienen todas las personas privadas de libertad.

La reunión se realizó hoy martes 31 de marzo en la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

*Participantes: de la reunión:

-Fanny Pollarolo, médico siquiatra, ex diputada,

-Helia Molina: médico, ex ministra de Salud y Decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, USACH. 

-Laura Albornoz. Abogada, vicepresidenta de Miles Chile y presidenta de la Comisión VI Congreso Nacional PDC. 

-Emilia Schneider, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH.