Entre los afectados se encuentran casi doscientas personas que sufrieron lesiones oculares, las que en algunos casos llevaron a estallidos de globo ocular y pérdidas de visión por daños irreversibles.

Disparos, asfixia, tocaciones y amenazas de muerte fueron algunos de los casos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registró tras el estallido social del 18 de octubre de 2019 a marzo de este año.

El director del INDH, Sergio Micco, entregó hoy el balance de lo ocurrido a casi un año de las masivas manifestaciones, asegurando que, al cinco de octubre de este año, se presentaron 2.520 querellas por hechos ocurridos entre el 18 de octubre y 18 de marzo. La mayoría de ellas fueron contra personal de Carabineros (2.340), seguido por funcionarios del Ejército (94), Policía de Investigaciones (PDI) (34), entre otros (49). De estos casos, acotó Micco, solo 31 están formalizados, asociados a 72 imputados. A la fecha, agregó, solo hay una condena.

INDH entrega informe sobre crisis y acusa violaciones a DD.HH. e "indebida autonomía" de parte de Carabineros Amnistía por Carabineros tras el 18-O: Acusan violaciones a los DD.HH. y piden a fiscalía investigar a general Rozas En esa línea, Micco detalló además que la mayoría de las acciones presentadas fueron por los delitos de apremios ilegítimos (1.730), tortura (460), violencia innecesaria (101), abuso contra particulares (81), entre otros.

Ya abordando la cantidad de víctimas, durante el periodo analizado se constató la existencia de 3.023 personas afectadas: 1.810 hombres, 621 mujeres, 336 niños y adolescentes, 132 niñas y adolescentes, 124 otros. Dentro de ellos se registraron 110 lesiones causadas por trauma ocular, 21 estallidos de globo ocular y 32 pérdidas de visión por daños irreversibles, entre los cuales se consideraron los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai.

Ante los hechos, Micco aseguró que en Chile ocurrieron "las más grave violaciones a los DD.HH desde el regreso a la democracia", y que "el INDH, lo que considera fundamental a partir de estas constataciones, gravísimas violaciones a los DDHH. actos que se repiten en el tiempo y espacio, es que no haya impunidad (...) El Estado de Chile tiene que recorrer estos cuatro caminos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. El empeño del instituto es que estas cuatro tareas se realicen, y si no se realizan vamos a estar ante una situación gravísima porque el Estado de Chile no va a estar cumpliendo con sus compromisos nacionales e internacionales."

El INDH, lo que considera fundamental a partir de estas constataciones, gravísimas violaciones a los DDHH. actos que se repiten en el tiempo y espacio, es que no haya impunidad (...) El Estado de Chile tiene que recorrer estos cuatro caminos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición". Sergio Micco, director del INDH. De cara al primer año desde el 18-O, Micco aseguró esperar que durante estos días Carabineros "respete los protocolos. Ni más ni menos que eso", apoyando una reforma a la institución. En diciembre del año pasado el INDH ya había entregado un informe sobre a la crisis, acusando violaciones a los DD.HH. e "indebida autonomía" de parte de Carabineros, conclusiones que hoy se repitieron. "

Al INDH le preocupan de especial manera las denuncias por uso indiscriminado de perdigones, torturas con connotación sexual, y las lesiones oculares. Sin perjuicio de lo anterior, será tarea de los tribunales determinar la verdad judicial sobre las circunstancias específicas de los hechos y personas involucradas", se indicó en ese entonces.

Por su parte, el consejero del INDH, Branislav Marelic, agregó: "Las medidas más urgentes son la reforma de a Carabineros, su control efectivo y comenzar la reparación a las víctimas inmediatamente, sin necesidad de esperar las investigaciones penales, ya que son iniciativas paralelas y no sucesivas".

El informe se suma a aquel entregado esta semana por Amnistía Internacional, en el cual se acusaba una permanente violación a los derechos humanos por parte de Carabineros, además de acusar responsabilidad penal por parte del Alto Mando de la institución, pidiendo al Ministerio Público iniciar una investigación penal contra el general director Mario Rozas, el subdirector Diego Olate y el jefe de Orden y Seguridad Ricardo Yáñez.