El vicepresidente del Senado, Francisco Huenchumilla, se refirió a la candidatura de la militante del Partido de la Gente, Karla Añes, condenada a una pena de cinco años y un día por tráfico de drogas y expostulante al Consejo Constitucional.

En ese sentido, el senador realizó un «par de precisiones en el plano jurídico» y explicó que «cuando una persona ha sido condenada a una pena de presidio mayor en su grado mínimo, que son cinco años y un día, pero además en este caso por tráfico de drogas, rige lo determinado por el Artículo 17 de la Constitución sobre pérdida de ciudadanía, con inhabilitación perpetua y absoluta para cargos públicos«.

Por lo tanto, aseguró que «una persona que perdió su calidad de ciudadana o ciudadano, no puede ser candidato a nada» y agregó que «Karla Añes nunca estuvo habilitada para ser candidata, a menos que haya sido solicitada una rehabilitación por parte del Senado en su condición de ciudadana. Única vía por la que tal vez habría calificado, pero que no lo hizo».

El senador, además, agregó que «todo esto rige independientemente de que la persona haya cumplido con la sanción. No significa que la calidad de ciudadano o ciudadana se recupere».

De hecho, desde el Servel ya anunciaron una investigación interna por la inscripción de la postulante al Consejo, quien al ser condenada por narcotráfico «no solo necesita el término de la condena y su recuperación de ciudadanía, sino que también tiene que llegar una rehabilitación por parte del Senado».

Aunque dicha rehabilitación nunca llegó, pues la excandidata al Consejo nunca realizó la solicitud. Consultados por El Desconcierto, desde el departamento de comunicaciones de la Cámara Alta aseguraron que «el Senado no tiene registro de una solicitud en tal sentido».

«Ahora, de todo esto surge una reflexión política. Lo primero es que estos puntos jurídicos no son un secreto para nadie. Todos los partidos políticos cuentan con equipos jurídicos, y muchas de las personas que nos dedicamos a la política pertenecemos al mundo de las ciencias jurídicas. Entonces, cuando alguien dice, ‘es que no nos dimos cuenta’, eso simplemente no es creíble«, indicó el senador.

Por lo demás, el parlamentario agregó que «otra cosa es que los partidos, en este caso el PDG, no se preocupen de hacer un debido proceso de verificación de sus candidatos, y las condiciones que éstos cumplen o no. Ello es simplemente un acto de irresponsabilidad para con nuestro sistema democrático. Lo concreto es que ahora tenemos una candidata que fue condenada por tráfico de drogas, pero que llegó a la papeleta y podría resultar electa«.