Por Iván Flores 

Diputado DC

Presidente de la Cámara de Diputados 

En los últimos días se ha criticado el uso de herramientas que dispone la Constitución para que la Cámara de Diputados pueda ejercer su rol fiscalizador. Algunos han señalado que es abuso, otros han dicho que se pierde tiempo legislativo en un momento en que Chile necesita cumplir con su tarea de manera eficiente, otros más avezados han dicho que con el uso de estas herramientas se le niega "la sal y el agua" al Gobierno y tal vez otros pensarán que no sirve para nada. Lo concreto es que la Constitución política de la República le permite a la Cámara ser la única institución que puede fiscalizar los actos de Gobierno realizados por sus funcionarios.

Primera instancia son los oficios de fiscalización utilizados con mayor frecuencia por parlamentarios. La interpelación, que no es otra cosa que convocar a una autoridad para que conteste preguntas relacionadas con su cartera que anticipadamente le hacen llegar los parlamentarios interpeladores. Es así como la autoridad citada tiene la obligación de contestar estas materias y otras que quisiera informar, y este escenario lo considero de alta utilidad, ya que permite informar a la comunidad y a los parlamentarios.

Nuestra Cámara de Diputados tiene una de las más altas proporciones en Latinoamérica de parlamentarios profesionales expertos en las 25 distintas áreas de comisiones técnicas especializadas. Por tanto, no hay que tener miedo a las interpelaciones, es una práctica frecuente para que los Ministros informen a la Cámara y a Chile asuntos de su cartera.

Existe también – más esporádico- como herramienta ultima de fiscalización y censura, la Acusación Constitucional y esto ocurre cuando una alta autoridad comete faltas a las obligaciones que la propia Constitución exige. Así un grupo de parlamentarios puede concurrir a la realización de una Acusación Constitucional.

En este escenario, si bien no es un acontecimiento frecuente, las cuatro interpelaciones que van a ser desarrolladas en los próximos días no deberían ser vistas como una pérdida de tiempo del trabajo legislativo, sino que como oportunidad para que los ministros informen de lo que se está haciendo como respuesta a la demanda social.

Por otro lado, hemos tomado la precaución que estas sesiones especiales sean realizadas en un horario distinto al que ocupa el debate legislativo…Así, no hay que tener miedo a la fiscalización ni a las herramientas que la propia Constitución establece, decir lo contrario es manifestar una molestia por temores infundados.