La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, aseguró que el gobierno hará “todo lo posible” para evitar en el Congreso que se apruebe el proyecto de ley impulsado el miércoles por el Partido Republicano, que busca derogar la Ley de Aborto en tres causales.

“Es un retroceso para el cual no estamos abiertos como Gobierno. No solo no vamos a permitir que se retroceda respecto de las tres causales, sino que vamos a seguir trabajando para avanzar”, declaró a radio Cooperativa.

La secretaria de Estado tildó el proyecto presentado por los diputados Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen como “draconiano” y sostuvo que es “sumamente lesivo no solamente de la voluntad de las mujeres, sino que es sumamente amenazante con el personal de salud, porque lo amenaza con inhabilitación en caso de, incluso, apoyar a mujeres que tienen en riesgo su vida. O sea, casi le está llamando a incumplir el juramento hipocrático”.

Respecto a las polémicas declaraciones de Urruticoechea, quien dijo que “una mujer que ha sido violada y aborta, no se ‘desviola’”, expresó que “lo que le falta contemplar al diputado es que las mujeres somos personas y cuando nos pasa algo eso no se ‘deshace’ como una cosa. No se puede ‘desviolar’”.

Detalló que en los 5 años que lleva la Ley de Aborto “más del 70% de quienes han optado por una interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación son niñas menores de 14 años”.

“Eso estamos hablando de derogar: son niñas, no son madres; son niñas que han sufrido violencia sexual y que necesitan urgente reparación, no ‘desviolarse’, como parece pensar el diputado”, aseveró.

Orellana informó que “con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, vamos a revisar el reglamento de aplicación de las tres causales, porque fue hecho por el primer ministro de Salud del Presidente Piñera, (Emilio) Santelices, explícitamente para poder coartar el efecto de la ley bajo una visión absolutamente ideológica”.

Añadió que “no se capacitó a los servicios de salud, no se les capacitó tampoco sobre quiénes podían hacer objeción de consciencia. Entonces, lo que tenemos es un entorpecimiento absoluto de la ley que hace que a cinco años lo que se estimaba que iba a ser su efecto anual, unas 3.000 interrupciones, hoy sea el efecto de cinco años”. Comunicó que “mañana además vamos a lanzar un manual de fiscalización”.