Presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), valoró la labor que ha estado desarrollando la magistrada Romy Rutherford al investigar la malversación de fondos públicos en el Ejército, lo que ha significado el procesamiento y reclusión de los ex comandantes en jefe Juan Manuel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.

Flores también pidió que se persigan no solo las responsabilidades penales de los ex comandantes en jefe sino también las políticas, jurídicas y administrativas que se deriven de los mega fraudes descubiertos en la institución castrense.

En ese sentido, aludió a “las responsabilidades políticas de otros funcionarios del ministerio de Defensa que debieron preocuparse a la primera señal de que estaban habiendo recursos públicos mal utilizados. Aquí estoy apuntando a los subsecretarios de las Fuerzas Armadas o a los propios ministros que ejercían cuando estaban a lo menos estos dos comandantes en jefe involucrados”.

A juicio del titular de la Cámara, “es inaceptable que aparezcan nuevos casos de megafraudes dentro del Ejército y espero que la justicia haga su trabajo con el máximo rigor porque no puede ser que esto solamente apunte hacia los ex comandantes en jefe sino que evidentemente aquí hay otras personas que participaron en las decisiones administrativas y en su trámite”.

Remarcó que “todas esas responsabilidades políticas jurídicas y administrativas deben ser investigadas y sancionadas y para ello estoy convencido que la más idónea es la ministra Rutherford, que inició esta investigación”.

El titular de la Cámara agregó que “la ministra Romy Rutherford debe terminar la investigación que ha llevado con éxito y también con mucho coraje y eficacia. En ese escenario estimó que las instancias que sean necesarias deben permitir que ella termine su tarea y no que una investigación importante, grave, quede a medias solamente porque se le termina el plazo”.

Sobre el punto, Flores recordó que diputados DC, encabezados por Matías Walker, ingresaron un proyecto, que fue presentado también al presidente de la Corte Suprema, para prorrogar plazo de ministros de la Corte de Apelaciones destinados a la Corte Marcial, agregado que “es lamentable que el Ejecutivo no le haya otorgado urgencia”.