Auditoría a la Dirección General de Movilización Nacional determinó problemas complejos en el control de las armas que manejan civiles en Chile. “Si queremos un país más tranquilo, si queremos que las armas no lleguen a los delincuentes, este trabajo de la Contraloría no puede caer en saco roto y debe motivar una revisión de lo que se hace”, planteó la legisladora.

Como un problema grave, que debe corregirse a la brevedad, calificó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, los resultados de la auditoría efectuada por la Contraloría General de la República a la Dirección General de Movilización Nacional, DGMN; y que determinó que casi 23 mil personas con antecedentes penales, mantienen armas vigentes en Chile.

“Cuando hablamos de que debemos impedir que las armas lleguen a manos de delincuentes, nos encontramos con una auditoría que establece que 22 mil 987 civiles con antecedentes penales tienen armas vigentes en el país. Es grave y debe corregirse”, dijo la parlamentaria.

Agregó solicitará formalmente a la comisión de Seguridad Pública del Senado que cite a la DGMN y a la Contraloría para rendir cuentas sobre dichas cifras y tomar medidas urgentes.

En este sentido, la legisladora recalcó que los resultados del trabajo de Contraloría deben servir para tomar medidas. “Si queremos un país más tranquilo, si queremos que las armas no lleguen a los delincuentes, este trabajo de Contraloría no puede caer en saco roto y debe motivar una revisión de lo que se hace. Es el primer paso para corregir y mejorar”, aseguró la legisladora.

Ximena Rincón dijo que otro antecedente preocupante que arrojó la auditoría es que en estos momentos hay más de mil 714 personas que no cumplen la idoneidad requerida para mantener armas de fuego a su nombre, ya que poseen antecedentes penales por violencia intrafamiliar.

“Nos preocupa este dato, porque sabemos las consecuencias que puede tener. Alguien con antecedentes penales por violencia intrafamiliar no puede tener un arma legalmente inscrita. Sabemos cuáles son las potenciales y lamentables consecuencias”, puntualizó la Senadora.

Finalmente, la parlamentaria dijo que se constató que la DGMN autorizó un total de cinco mil 976 inscripciones de armas a personas que, al momento de realizar el trámite, mantenían antecedentes penales previos.