En prisión preventiva quedó la médico penquista imputada por un megafraude al Fonasa estimado en más de 6 mil millones de pesos.

La cautelar fue decretada por el Juzgado de Garantía al acoger la solicitud de la Fiscalía y estimar que la facultativa es un peligro para la seguridad de la sociedad.

Hasta casi las 21:00 horas de la noche de ayer se extendió la audiencia de formalización en el caso de Pamela Carrasco Godoy, médico cirujana detenida e imputada por obtener fraudulentamente del Fonasa en Concepción 6 mil 132 millones 308 mil 522 pesos.

De acuerdo a los antecedentes recopilados por la Fiscalía, la profesional -entre el 29 de diciembre de 2019 y el 8 de julio pasado- utilizó sin su conocimiento los datos de 66 pacientes para emitir 14 mil 220 bonos por prestaciones de salud que nunca se realizaron.

El Consejo de Defensa del Estado, a través del abogado Georgy Schubert, se adhirió a todas las solicitudes del Ministerio Público, al subrayar que la doctora robó al sistema de salud público en medio de la peor pandemia en 100 años.

Junto a Pamela Carrasco fue detenido su hermano David, quedando la mujer imputada por fraude al Fisco y lavado de activos, mientras que el hombre enfrenta sólo cargos por el último ilícito, al ser acusado por la Fiscalía de ocultar parte del dinero obtenido por su hermana.

Desde el inicio de la formalización, la estrategia de la Defensoría Penal apuntó a supuestos problemas mentales de la facultativa, lo que se reiteró previo a la solicitud de medidas cautelares, adelantando la defensora Sandra Betancourt que pedirán exámenes que confirmen o descarten su inimputabilidad.

La investigación iniciada hace cinco meses, tras una querella del Fonasa, estuvo a cargo de la fiscal María José Aguayo, persecutora que tras una maratónica jornada solicitó la más gravosa de las cautelares para ambos imputados.

El juez de Garantía, Juan Pinochet, sin embargo, sólo concedió la prisión preventiva para la doctora Pamela Carrasco, decretando para su hermano David el arresto domiciliario total, y fijando 6 meses como plazo para el término de la indagatoria.