A través de un documento, el Ejército de Chile repudió las violaciones a los derechos humanos ocasionados durante la dictadura de Augusto Pinochet por militares, como también los obstáculos y cuestionamientos institucionales a las instancias de verdad, justicia y reparación.

Dicha declaración aparece en el capítulo cuarto, “Período 1973–1998: Del gobierno cívico militar a los cambios institucionales en doctrina, derechos humanos y justicia”, del informe llamado “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército en los últimos 50 años”, según consignó radio Cooperativa.

“Las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo y en la que los miembros del Ejército tuvieron participación –ya sea como consecuencia de actos derivados de la obediencia debida, por el uso desproporcionado de la fuerza, por excesos individuales o bien por eventuales acciones fortuitas– fueron una profunda herida ocasionada al deber ser militar”, señala el texto.

Sostuvo que el hecho de que Pinochet permaneciera al mando del Ejército tras el retorno de la democracia, provocó que la institución castrense no ayudara con las investigaciones y emitió un documento que cuestionó que el informe Rettig “adolecía de la necesaria contextualización de las causas y de la situación previa que vivía el país al 11 de septiembre de 1973”.

Criticó que los representantes del Ejército en la “Mesa de Diálogo sobre los Derechos Humanos” de 1999-2000, dijeran que “la institución jamás propició una política de Estado destinada ‘per se’ a causar la eliminación de adversarios políticos del gobierno militar”, incluso cuando “resultaba evidente que, durante ese periodo, especialmente en los primeros años, se produjeron violaciones en materia de derechos humanos las que deben ser objeto de la más enfática reprobación, considerando que nunca un pretendido bien común podrá justificar la violación de estos derechos”.

El informe también condenó los fusilamientos cometidos por la “Caravana de la Muerte”, a mando del general Sergio Arellano Stark. Esto “afectó gravemente a la Institución y significó posteriormente que integrantes del Ejército en su mayoría de baja graduación jerárquica fueran procesados y condenados” por cumplir órdenes, pues de lo contrario arriesgaban su vida.

Agregó que “las acciones del general Arellano fueron absolutamente ajenas y reñidas con un correcto ejemplo de amor a la patria y al Ejército, y menos tuvo consideración hacia los subalternos. Arellano no respondió jamás de lo que sucedió bajo su mando, ganándose el repudio de los afectados y de toda la institución”.

Lamentó la “detención de personas en todo el país por parte de personal de las Fuerzas Armadas y policiales, las que se ejecutaron en sus viviendas, vía pública o después de haberles requerido en 'bandos' que se presentaran en cuarteles militares y que fueron llevados a recintos castrenses y civiles”, donde fueron torturados y/o ejecutados.

“Es también inaceptable, que no se hayan entregado los cuerpos a sus familias en todos los casos para que pudieran ser sepultados según sus creencias”, mencionó el documento.

Además, repudió la acción de la Dirección de Inteligencia del Ejército de la época en los asesinatos del dirigente sindical Tucapel Jiménez, 1982, y del químico Eugenio Berríos, en 1992.

HOMICIDIOS DE SCHNEIDER Y PRATS

El documento del Ejército dedicó algunos párrafos a los asesinatos de los comandantes en jefe René Schneider y Carlos Prats. Aunque el primero ocurrió durante el gobierno de Salvador Allende, reconoció que “hubo participación de civiles y de militares en servicio activo y en retiro (…) fue un triste y luctuoso hecho, muy doloroso y un agravio al ethos militar”.

En relación al homicidio de Prats y su esposa Sofía Cuthbert, ocurrido en 1974 en Buenos Aires, expresó que “ha constituido también una gran vergüenza institucional, a pesar que fue realizado por un organismo de seguridad que no pertenecía al Ejército (la DINA), pero quienes resultaron condenados por la justicia en su mayoría pertenecían a la institución”.

La institución castrense aseveró que “las situaciones que se vivieron durante el gobierno militar de violación a los derechos humanos no pueden minimizarse ni descontextualizarse, debido a que los militares están obligados en su actuar a respetar las normas y procedimientos legales”. Pero, agregó que “es injusto atribuir al Ejército en su conjunto, la responsabilidad por las distintas situaciones que han sido materia de investigación en los tribunales”.

Añadió que “podemos establecer que el ethos militar fue afectado severamente cuando se violaron los derechos humanos en cumplimiento de las órdenes debido a que se dañó gravemente la confianza de los ciudadanos con el Ejército y la lealtad que debe existir entre superiores y subalternos”.

El informe aseguró que el Ejército “aceptó la responsabilidad que le cabe en los acontecimientos relacionados con la violación de los derechos humanos, comprometió su apoyo al Poder Judicial en los casos que aún se investigan, porque tiene el deber ético y legal de hacerlo”.

A su vez, en otro capítulo del documento, calificó el fraude al fisco en el cual están involucrados altos mandos de la institución, como un duro golpe.

“En el repudiable episodio del fraude, algunos integrantes del Ejército dejaron de cumplir los principios y valores que la sociedad y la institución exige y demanda al personal militar, traicionando la confianza, faltando a la probidad, vulnerando los procedimientos dispuestos y dañando la fe pública”, dice el escrito.

El caso “impacta fuerte y de manera muy especial al Ejército (…) es innegable que esta situación dañó gravemente la imagen de la institución y la confianza que en ella tenía la ciudadanía”, argumentó.