Por Jorge A. Cash Sáez

Abogado ambiental 

¿Qué es lo que realmente se vota este miércoles 18 de enero en el Comité de Ministros? ¿El cumplimiento ambiental del proyecto “Dominga” o el cumplimiento de una promesa de campaña del Presidente de la República?

Esta votación posee un particular simbolismo, toda vez que confronta, con singular evidencia y claridad, por una parte, el componente político asociado a la evaluación y calificación ambiental de grandes proyectos de inversión y, por otra, el cumplimiento al estado de derecho ambiental vigente por parte de los titulares de estos proyectos.

Un antecedente que contribuye a ilustrar lo sensible de la situación descrita, puede constatarse en el proceder del Servicio Agrícola y Ganadero, organismo informante técnico del Ministerio de Agricultura, cuyo ministro, forma parte del Comité que calificará el proyecto.

Conforme consta en el expediente administrativo, dicho servicio, con fecha 30 de junio de 2022, en cumplimiento de su deber de informar técnicamente las materias asociadas a sus competencias en el procedimiento de reclamación ante el referido Comité, afirmó que los antecedentes aportados por el titular eran satisfactorios para descartar todo efecto adverso sobre los componentes ambientales evaluados, considerando, además, la sinergia entre ellos.

Luego, con fecha 8 de agosto del mismo año, emite, un nuevo informe, que, junto con hacer presente que lo hace al margen de las competencias que le otorga la ley, se aventura a cuestionar y reinstalar, entre otras materias, la causa basal y comunicacional del primer rechazo del Comité de Ministros en el año 2017, referida a la supuesta insuficiencia técnica para determinar la línea de base de fauna marina en el área de influencia del proyecto, insistiendo en que la campaña de muestro fue realizada solo durante dos días en invierno.

Junto con el “errático” proceder de dicho organismo, la gravedad estriba, en que dicho punto fue latamente desarrollado y desestimado por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, en Sentencia de 16 de abril de 2021, que, en su considerando 19º, da por acreditada categóricamente la suficiencia de la línea de base, incorporando en su ponderación, una serie de estudios complementarios aportados por el titular.

De este modo, ante la infinita ruta administrativa y judicial que ha enfrentado el proyecto, cuyo examen recaerá nuevamente en el Primer Tribunal Ambiental y posteriormente en la Corte Suprema, parece urgente, que, en este y otros casos, en que la arbitrariedad de la Administración, pretenda reemplazar la evidencia técnica y los fallos de la justicia especializada, junto con insistir en el diálogo a través de la “conciliación” judicial, sea posible establecer, al mismo tiempo, las respectivas responsabilidades funcionarias y del propio Estado de ser procedente. //ELF