La Cámara de Diputados deberá votar este miércoles en primer trámite el proyecto de ley que aumenta sanciones a los delitos económicos y a los atentados contra el medio ambiente, a la vez que modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos.

El diputado Matías Walker, en la foto, es autor de este proyecto que se comenzó a tramitar durante su presidencia en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el que busca sancionar de mejor manera los delitos llamados de “cuello y corbata”. “Es un proyecto que hemos trabajado durante mucho tiempo, en forma transversal y con destacados profesores y profesoras de derecho penal, que básicamente lo que hace es sistematizar en una sola legislación todos los delitos económicos, incluyendo los delitos medioambientales, incluyendo el delito de extracción ilegal de aguas, también de contaminación de las aguas, tan importante en regiones con escasez hídrica como la región de Coquimbo”, dijo el parlamentario.

Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva legislación es que responde al cuestionamiento ciudadano respecto a las diferencias de tratamiento en la justicia para estos casos, y establece penas efectivas para los denominados delitos de cuello y corbata. “Ya no van a haber clases de ética como sanciones para los casos graves de corrupción o los casos de atentado a la libre competencia, delitos de colusión, delitos bursátiles, de uso y abuso de información privilegiada; van a tener cárcel efectiva”, explicó el diputado Matías Walker.

Entre otros aspectos, el proyecto de ley establece que cuando existan acuerdos de colusión en artículos de primera necesidad, la Fiscalía Nacional Económica deberá presentar querella en un plazo de 90 días desde la presentación del requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y entregar antecedentes al Ministerio Público, que llevará a cabo la investigación penal. Será el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el que investigará los aspectos administrativos de personas jurídicas, mientras que el Ministerio Público verá las sanciones penales de personas naturales, ello con el fin de terminar con la impunidad en este tipo de delitos.

Esta modalidad se considerará en delitos que tengan efectos en mercados que incidan en la provisión de servicios educacionales, prestaciones de salud, artículos médicos o farmacológicos; bebidas o alimentos; del transporte de personas y de servicios básicos como agua, electricidad, servicios de telecomunicaciones o combustibles.

Con los aportes de destacados profesores de derecho penal, encabezados por Antonio Bascuñan, que jugaron un rol muy importante en la tramitación de este proyecto, al igual que el ministerio público, abogados ambientalistas, que colaboraron mucho para poder tener una legislación inédita y muy moderna en materia de persecución y sanción de los delitos económicos.

“Terminar con los privilegios y poder sancionar a todos de igual manera, creo es algo muy demandado por la ciudadanía y lo hicimos de una forma muy racional, respetando obviamente las garantías que establece nuestro sistema”, concluyó el diputado Matías Walker, previo a que la Sala se deba pronunciar por este nuevo proyecto que pretende sancionar de manera efectiva los delitos económicos y ambientales.