Según los parlamentarios, en la también denominada "Ley Longueira", se vulneró el principio constitucional de probidad durante el proceso de discusión en el Congreso.

La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que declara la nulidad de la Ley de Pesca, normativa también conocida como “Ley Longueira”, por lo que el Gobierno solicitó reserva de constitucionalidad de la iniciativa recién aprobada, la que ahora iría al Tribunal Constitucional (TC).

La propuesta para dejar nula la Ley de Pesca obtuvo 81 votos a favor, 46 en contra y 12 abstenciones, siendo devuelta a las comisiones correspondientes para discutir las indicaciones presentadas por los parlamentarios.

El proyecto para anular la ley -que fue aprobado en Comisión en 2018– modifica el acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal, ley que fue discutida entre 2011 y 2013. Según los diputados, diferentes sectores e instituciones de la sociedad civil, la pesca artesanal y comunidades indígenas cuestionaron su contenido y manifestaron que atentaba contra el interés nacional, la seguridad alimentaria y los derechos de los pueblos originarios.

A lo anterior se sumó la presión ejercida sobre los parlamentarios por distintos grupos económicos de la pesca industrial que buscaban beneficiarse con las modificaciones propuestas por esta normativa. De acuerdo a lo expresado, en su elaboración intervinieron parlamentarios que tenían, a esa fecha, intereses económicos en la industria pesquera, sin que lo advirtieran ni se inhabilitaran en la votación.

Por esto, los parlamentarios aprobaron la nulidad de la Ley de Pesca ya que en el proceso de discusión se vulneró el principio constitucional de probidad.

Reserva de constitucionalidad

El Ejecutivo reclamó sobre los efectos de la medida e hizo reserva de constitucionalidad sobre la materia, por lo que la nulidad de la Ley de Pesca podría pasar por el TC.

El subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, dijo que el texto legal infringe la Constitución, afirmando que “no existe la potestad expresa para efectos que el legislador pueda declarar la nulidad de una ley”, remarcó ante la Sala.

Agregó que “aprobar una ley que anula una anterior, sería un gravísimo precedente, porque podría venir una seguidilla de leyes anulatorias que modificarían el Estado de Derecho y a cuestionar lo que el Congreso ha hecho por el país”.

Ossa explicó que la reserva de constitucionalidad se basa en que los parlamentarios, bajo la actual Constitución, “no tiene ningún poder anulatorio de leyes”.