Tras el lapidario informe publicado por un Grupo Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el mundo vive una encrucijada que demuestra las consecuencias medioambientales que, entre varios aspectos, tiene como protagonista la emisión de gases de efecto invernadero, la destrucción de los ecosistemas y la ausencia de una legislación específica, que permita perseguir responsabilidades penales en el daño al medioambiente.

Por este motivo, el diputado PPD por la región de O’Higgins, Raúl Soto, presentará junto a un grupo de parlamentarios un proyecto de ley que modifica el Código Penal y tipifica el nuevo delito de “ECOCIDIO”, presente en las legislaciones internacionales durante los últimos años, que permitirá castigar con cárcel a quienes sean autores, cómplices o encubridores de daños al medio ambiente.

Al respecto, el parlamentario señaló que el informe sobre la crisis climática “revela una realidad que venimos viendo hace años, la acción humana está provocando una crisis de extrema gravedad sobre la cual tenemos que tomar conciencia y actuar de manera drástica para cambiar nuestras conductas, lo cual implica también cambios legislativos que permitan desincentivar y sancionar drásticamente el daño medioambiental”.

“Es momento de rayar la cancha en términos medioambientales, lamentablemente según el informe, estamos en un código rojo, ya que el calentamiento está afectando a todas las regiones de la Tierra y muchos de los cambios son irreversibles, sin embargo, debemos poner todos los esfuerzos en ralentizar y contener el calentamiento global y la destrucción de los ecosistemas y del planeta. En ese sentido, se hace necesario abrir el debate sobre cambiar la actual legislación de nuestro país para que se persiga y castigue penalmente con firmeza la contaminación y el daño medioambiental que sea grave y duradero”.

La iniciativa de ley define “Ecocidio” como “cualquier omisión, acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente, sancionando este nuevo delito con pena de presidio menor en su grado máximo y multas de hasta 9 mil UTM”.

Finalmente, Soto indicó que “es momento que el Estado y la sociedad tomen parte de esta crisis, es necesario crear diversos planes de adaptación que generen cambios culturales y sociales como esperamos lograr con este proyecto, realzando la importancia y necesidad de contar con un instrumento disuasivo de conductas graves que atenten contra el medio ambiente, castigándolas y nunca más haciendo vista gorda del daño a nuestro ecosistema. Chile debe ser pionero a nivel mundial en materia de regulación medioambiental con tolerancia cero a la destrucción de ecosistemas y la contaminación que aceleran la grave crisis mundial y el cambio climático.”