El diputado René Alinco, pidió en la comisión de educación de la cámara de diputados, que el Estado, a través del ministerio de educación, intervenga la universidad de Aysén, luego de conocerse detalles, de los graves problemas económicos, administrativos, y de gestión que afectan a la casa de estudios.

En la instancia, el parlamentario comenzó su alocución señalando que “Un pueblo que no se educa, está destinado a vivir en la esclavitud” (cita de Luis Emilio Recabarren). Para luego detallar que “el grave problema que tiene nuestra querida universidad pública de Aysén, la cual prácticamente está quebrada, económicamente quebrada. Pero como se supone que las instituciones públicas no quiebran, se utiliza el concepto “sobregirada”. Con un déficit millonario que supera los cinco mil millones de pesos. Sumado a esto, hemos perdido patrimonio en nuestra universidad, bajo la rectoría de la señora María Teresa Marshall. La cuál “devolvió” 16 de las 39 hectáreas que el Estado le entregó a la universidad pública de Aysén, a través de bienes nacionales. Hectáreas que hoy son “felizmente” explotadas por la sociedad Nacional de Agricultura, en donde coincidentemente, la señora Marshall es socia activa, en el rubro de la fruticultura mundial”.

Con todo, Alinco manifestó que “hoy nuestros estudiantes de la universidad de Aysén, llevan tres semanas de movilización, y todas las sedes, y oficinas que están arrendadas por nuestra universidad, han sido tomadas por los estudiantes. En ese aspecto cabe destacar que la administración de la universidad, paga más de mil millones de
pesos en arriendo. Ya que todavía no se coloca ni la primera piedra, en donde se construiría la casa central. Y eso que se tienen los terrenos, los planos, estaba el financiamiento, etcétera".

Y añadió: "Entonces todas estas irregularidades económicas y de administración, son argumentos suficientes, para oficiar al ministro de educación, y a la subsecretaría de educación superior, para que intervengan la universidad pública de Aysén, como lo faculta la ley 20.800 de educación, ante antecedentes graves que hacen suponer que una institución de educación superior, se encuentra en peligro de no seguir funcionando, debido a incumplimientos financieros, administrativos, laborales, e incumplimiento de los compromisos académicos asumidos con los estudiantes”.