De mantenerse la negativa de la justicia chilena de proteger a las víctimas de Quintero y Puchuncaví, el PDC considera que deben explorarse un reclamo de justicia y protección en el ámbito de la justicia interamericana. Sin embargo, confiamos en la E. Corte Suprema y lo que se decida en la futura instancia". 

La Democracia Cristiana (DC) lamentó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que rechazó los 12 recursos de protección presentados con ocasión de los graves hechos de contaminación ocurridos en Quintero, Concón y Puchuncaví.

“Como partido desde un comienzo hemos estado atentos a lo que sucede en las denominadas zonas de sacrificio. De hecho, desde el primer momento nuestro presidente nacional, Fuad Chahín, se desplazó hasta Quintero, en medio de la crisis, para verificar magnitud del problema, drama humano que viven sus habitantes y exigir investigación y medidas drásticas contra responsables. Seguiremos de cerca el proceso judicial que aún debe conocer la E. Corte Suprema. Los vecinos de Quintero y Puchuncaví tienen derecho a que su salud y su vida sea protegida por la justicia. Lo resuelto por la I. Corte de Apelaciones es una regresión al derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. No debe descartarse, que las víctimas de las Zonas de Sacrificio, apoyados por nuestro partido, recurran a la justicia interamericana si se confirma este revés. Sería lamentable no tener una justicia chilena capaz de sintonizar con el drama que viven muchos vecinos y sus familias", señaló el presidente (s) de la DC, Rodrigo Albornoz.

En esa misma línea el Diputado DC de la zona, Daniel Verdessi agregó: “Es lamentable que lobby de las empresas del cordón industrial de ese eje costero: Codelco, Enap, Gasmar, Oxiquim, entre otros; sea más potente que el derecho a la vida y a vivir en un ambiente libre de contaminación y digno de los habitantes de esa zona y de todos los chilenos”.

El partido se apoyará en los recientes informes de Organización Mundial de la Salud que visitó la zona de Quintero y Puchuncaví durante la crisis medioambiental de 2018.