Por Daniel Matamala

Medio siglo cumple este año la novela de Mario Vargas Llosa “Conversación en la Catedral”, y con ella, su célebre pregunta: “¿En qué momento se había jodido el Perú?” Una frase que estos días se repite: preso Fujimori, prófugo Toledo, procesado Humala, arrestado Kuczynski, muerto Alan García, todos los presidentes democráticamente electos de Perú están manchados por la corrupción.

El contraste, argumentan políticos y líderes de opinión en Chile, es claro: no hay evidencia de que el pulpo de Odebrecht haya extendido sus tentáculos corruptos hasta acá.

Eso habla bien de nuestro país, por cierto. Pero ese análisis autocomplaciente se queda corto. Porque hay solo algo más preocupante que tener a muchos políticos presos: no tener a ninguno.

Lo primero es señal de corrupción, pero también de instituciones judiciales que pueden perseguirla. Lo segundo, excepto que creamos tener la clase política más honesta del planeta, nos dice que el poder compra impunidad.

En Chile tuvimos nuestro propio Odebrecht. Aquí se llamó Penta-SQM y fue blanqueado bajo un eufemismo. “El financiamiento irregular de la política no es corrupción”, dictaminó el lobista en jefe Enrique Correa. El Tribunal Supremo de la UDI resolvió que “no le cabe formular reproches a sus dirigentes o militantes que, para financiar la actividad política, se limitaron a actuar de esa forma que, hasta ahora, fue práctica generalizada, conocida y aceptada”.

Esa muy chilena distinción entre corruptos que se compran un auto último modelo con su botín, versus políticos honestos que apenas se pagan las campañas con esa misma plata sucia, es ridícula. Ganar una elección senatorial supone asegurar, solo en dietas, $897.585.696 para el bolsillo del beneficiado, sin contar millones de dólares en supuestas “asesorías”, y un poder que vale muchísimo para quien lo quiera poner en subasta, como ocurrió en la ley de pesca.

Eso, además de la podredumbre que supone violar las leyes electorales para ganar una elección con trampa, siendo cómplice en un delito de poderes económicos sobre los cuales se legislará.

La diferencia con Perú no es ese sofismo. Es que, cuando se abrió la caja de pandora, la clase política chilena actuó como un solo cuerpo para sabotear la investigación.

No se trata de un asunto moral, sino de equilibrios de poder. Por supuesto que los políticos peruanos también intentaron quedar impunes, pero no lo lograron. ¿Por qué? Perú no tiene partidos políticos estables y la rotación es constante: gobernadores y alcaldes no pueden reelegirse, y tampoco podrán desde la próxima elección los parlamentarios, cuyas tasas de reelección ya eran bajísimas (no más del 25%).

No existe, por lo tanto, una clase política homogénea, permanente y cohesionada. Los presidentes dejan el poder sin redes de protección. Esto provoca muchos problemas, por cierto, pero también dificulta la defensa corporativa.

Chile, con una elite uniforme, estable y de fuertes lazos personales, es otra historia. Cuando compañeros de colegio y de iglesia, primos y cuñados, correligionarios y amigos, copan puestos de poder, y cuando izquierda y derecha comparten lobistas, abogados y asesores comunicacionales, la coordinación es mucho más efectiva.

Izquierda y derecha, unidas, jamás serán perseguidas.

Otro factor es la sociedad civil. La tarde del 31 de diciembre pasado, el Fiscal Nacional de Perú destituyó a los persecutores Pérez y Vela, a cargo del caso Odebrecht. Entonces, los peruanos se olvidaron del cotillón y los fuegos artificiales, y esa noche de Año Nuevo se volcaron a las calles a protestar.

El Presidente Martín Vizcarra regresó de emergencia de una visita a Brasil, antes de 48 horas el Fiscal Nacional debió renunciar, y Pérez y Vela volvieron fortalecidos al caso. Desde entonces, han pedido los arrestos de Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori y, esta semana, Alan García. Sin esa reacción popular, probablemente la policía jamás hubiera llegado a golpear la puerta del expresidente.

En Chile, sacar a fiscales cuando sus indagaciones apuntan demasiado alto ya es parte del paisaje. ¿Reacción social? A lo más, algunos tuits indignados. Nuestra sociedad civil es un perro que ladra pero no muerde.

La clase política chilena tiene un prontuario más limpio que el de algunos vecinos, y es justo destacarlo. Pero las alertas son públicas y evidentes. Tal vez, en algún momento del futuro, alguien se haga la pregunta de cuándo se jodió Chile. Y la respuesta sea que fue en la segunda década del siglo 21, cuando dejamos que los corruptos se salieran con la suya.