«Queda demostrado que no se puede instalar una campaña de post verdad así como así, utilizando en forma indebida cuentas de intendencias y gobernaciones entre otras, tal como ha ocurrido ya en varias oportunidades por parte del Gobierno de Sebastián Piñera“, señaló el parlamentario.

Tras la presentación que realizó el diputado Raúl Soto, junto a la bancada DC y otros parlamentarios de oposición, pidiendo a la Contraloría un pronunciamiento por el uso indebido de cuentas de intendentes y gobernadores, en Twitter, con motivo de la aprobación del salario mínimo el año pasado, hoy el ente regulador dictaminó que tal uso es “absolutamente indebido y se encuentra al margen de la ley”. Los parlamentarios acusaron, en su presentación, “la inaceptable instalación de una campaña de post verdad”.

Así lo confirmó el diputado DC Raúl Soto, quien agregó que “cuando presentamos este requerimiento buscábamos aclarar el rayado de la cancha para que no exista ni un mal uso ni desinformación a la ciudadanía”. Según los diputados DC, y tal como señalaron en su presentación, “a través de las cuentas institucionales de intendencias, gobernaciones y otros servicios públicos, el Gobierno denostó la labor parlamentaria, mintiendo y tergiversando la realidad, tras lo ocurrido con el proyecto de salario mínimo, cuyo veto fue rechazado por la Cámara de Diputados”.

«Se utilizaron plataformas institucionales, que deben cumplir un fin imparcial y que se financian con recursos públicos, con fines políticos para criticar a parlamentarios, para emplazar a la oposición y derechamente para mentirle al país respecto a qué es lo que pasó con el fracaso del proyecto del Gobierno de reajuste del salario mínimo», añadió Raúl Soto.

Sobre el dictamen conocido hoy, agregó que “la Contraloría General de la República ha emitido un dictamen claro y contundente en que recuerda que un funcionario tiene prohibido realizar cualquier actividad política dentro de la administración del estado. Además, detalla que quedan impedidos de utilizar bienes públicos para realizar actividades políticas y señala expresamente que los medios de comunicación institucionales sólo pueden ser utilizados para emitir expresiones que digan relación con el funcionamiento del organismo respectivo”.