Tras la denuncia de la concejala Catalina Ugarte (Partido Republicano), la Contraloría General de la República (CGR) rechazó la compra de inmuebles por parte de la municipalidad de Las Condes, argumentando que la adquisición no se ajustó a "los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, control y eficiente e idónea administración de los medios públicos".

En esa misma línea, el ente regulador agregó en el fallo de 36 páginas, que "no resulta posible emitir un pronunciamiento acerca de la consulta planteada sobre la viabilidad de un proyecto a ejecutar en los predios indicados, toda vez que de los antecedentes analizados no se aprecia la existencia de un proyecto".

De esta forma, al detectar faltas a la probidad en el proceso de compra, se iniciará un proceso para determinar responsabilidades administrativas en la comuna liderada por la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI), cuyos antecedentes serán remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

Por lo pronto, se sabe que el falló analizó la "modalidad de contratación y omisión de licitación para la contratación de servicios de corretaje y/o intermediación", donde se señaló que a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes se le encomendó la búsqueda de terrenos. A renglón seguido, profundizó en que "el municipio suscribió un contrato de corretaje con Vulcon Asset Management SpA, fechado 13 de marzo de 2022, para la adquisición de 10 casas, individualizadas en su oferta de 28 de febrero de 2022".

En definitiva, debido a que "la regla general de contratación es la licitación pública, sin perjuicio de que existan situaciones determinadas en que corresponda recurrir a la licitación privada o trato directo", la CGR aseguró que "no es posible verificar la regularidad en la tramitación del contrato de corretaje suscrito entre la Municipalidad de Las Condes y Vulcon Asset Management SpA y el decreto alcaldicio que lo aprueba".