Tras detectar graves falencias en las gestiones desarrolladas por la Seremi de Vivienda de la Región Metropolitana, comandada actualmente por la arquitecta Rocío Andrade Castro (IND), la Contraloría decidió remitir los antecedentes a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Según consignó el medio La Tercera, esta seremi es una de las 15 auditadas por la Contraloría en la que se repetía el patrón de irregularidades, detectado primero en la Seremi de Vivienda de Antofagasta y sus convenios con Democracia Viva.

Las falencias en las gestiones de la seremi RM no había salido a la luz pública ni menos cuestionado por rostros de la política. Por ello, el organismo dirigido por Jorge Bermúdez decidió elevar los antecedentes al Ministerio Público e iniciar un sumario administrativo dando cuenta que la falta de control detectada hace necesarias mayores gestiones.

En atención a ello, de acuerdo con fuentes del organismo persecutor consultadas por el diario, lo más probable es que se abra una nueva indagación, aunque en primera instancia los antecedentes serán revisados detenidamente. En caso de concordar con que hay antecedentes que revistan carácter de delito, según los mismos personeros, la causa quedaría radicada en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

En concreto, el informe de la revisión de las transferencias realizadas a la citada repartición en el marco del Programa de Asentamientos Precarios entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2023, reflejó falencias tanto en el control interno como en asuntos de fondo, como falta de registros y de rendiciones.

En cuanto a lo primero, se detectó que la unidad encabezada por Rocío Andrade no cuenta con instructivos formales respecto de asignaciones directas, no exigía cauciones o boletas de garantía y carece de procedimientos estandarizados para la selección de las entidades que ejecutarán los proyectos.

Además, no tiene registros técnicos de las fundaciones, no registra antecedentes para fijar el monto de proyectos y, en algunos casos, tampoco estableció fichas técnicas que sirvan de sustento para los valores asignados a los planes de trabajo convenidos con ONG, entre otras irregularidades.

La seremi Andrade

Rocío Andrade es una arquitecta y planificadora urbana independiente, pero cercana a RD. Antes de llegar a este espacio, fue la directora de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Maipú. Previamente también tuvo un rol municipal, pero asesora urbanista de la Municipalidad de Renca. También es una conocida en el Minvu. Entre 2015 y 2018 fue asesora de la División de Desarrollo Urbano durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet.

Durante el periodo auditado la entidad que dirige Andrade firmó 24 convenios con seis fundaciones, por un monto total de $1.822.515.316. Se trató, conforme al detalle, de las organizaciones: Enlace Urbano, Espacio Lúdico, Fundación Aldea, Arquitectura, ciudadanía y aprendizaje, EnRed, Fundación Posible Otro Chile y Techo. Pero en todos los tratos no hubo justificación ni fundamento que permitiera acreditar la necesidad de la asignación, como dieron cuenta los auditores.

En algunos de ellos, además, no se aportaron antecedentes que permitan una asociación entre los fondos transferidos, el detalle de las prestaciones a realizar, las especificaciones técnicas y sus tiempos de ejecución.

Durante la revisión, además, Contraloría también auditó los procesos seguidos por la Subsecretaría de Vivienda en el marco del citado programa, y también decidió remitir los antecedentes tanto a la Fiscalía como al Consejo de Defensa del Estado.

Eso, porque de acuerdo con el detalle de los investigadores también se detectaron falencias como falta de manuales formales para definir las asignaciones directas, carencia de sistema para definir a los organismos colaboradores, procesos desactualizados, falta de registros, entre otros asuntos. Además, advirtieron, no se monitoreaban las transferencias realizadas y que varios de los controles que se hacían era mediante planillas Excel.

Aquello dio cuenta que el desorden detectado por el ente contralor no era una cuestión local sino que era un asunto irregular que venía desde el nivel central. Desde la entidad “jefa del servicio” -es decir Subsecretaría- para abajo hay inconsistencias que corregir.

Incluso, Contraloría detectó que había 406 casillas de correo asociadas a un RUT que no está vinculado a ninguna contratación por parte de esa repartición pública, y 89 cuentas de Microsoft Active Directory que se encuentran activas y asignadas a exfuncionarios que, al 31 de agosto, no desempeñan labores en el servicio.

“La situación detectada implica que personas, que no son funcionarios de la institución, puedan tener acceso a los medios de intercambio de información, exponiendo al servicio a que eventualmente se efectúe el uso indebido de estas casillas de correo u otro sistema de la entidad, pudiendo acceder a datos confidenciales, modificar y/o eliminar información crítica en forma no autorizada”, se detalló en el informe.

En atención a varias de estas falencias ya se concretó la salida de la subsecretaria Tatiana Rojas a fines de junio, aunque ciertas inconsistencias -como revela el informe- no han desaparecido con su desvinculación.