La Contraloría General de la República declaró ilegales 29 de los 34 convenios entre el Estado y fundaciones, luego de que el pasado 29 de junio decidiera paralizar las toma de razón de los acuerdos suscritos en 2023 y que alcanzaban la suma de $13 mil millones, “mientras no se aclare la situación”.

Según informó La Tercera, el ente regulador sostuvo que dichos traspasos de dinero no cumplen los estándares ni las disposiciones legales.

Dentro de sus argumentos, indicaron que los giros de las fundaciones son “demasiado amplios”, sumado a la “falta de claridad de los ítems de gastos“, la falta de distinción entre la vigencia de los acuerdos y aquel previsto para la ejecución de las actividades, además de la “inexistencia del registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos“.

Por lo mismo, el organismo advirtió que muchas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) aseguraron estar dedicadas a “ayudar al prójimo”, dejando espacio para la interpretación.

A RAÍZ DE ESTA RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA, DICHOS CONVENIOS FUERON ANULADOS Y DEBERÁN VOLVER A INICIAR EL PROCESO Y UNA NUEVA TOMA DE RAZÓN, EN CASO DE AMBAS PARTES REQUIERAN VOLVER A FIRMAR UN ACUERDO.

La medida adoptada por el organismo ocurrió luego de que estallara el caso de Democracia Viva, quienes recibieron más de $400 millones de forma directa por la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Esto dio pie para que, con el paso de las semanas, fueron cuestionados varios convenios entre el Estado y diversas ONG a lo largo de to do el país.