Este miércoles, la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) presentó una querella en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera, por la estrategia sanitaria en relación a la pandemia de COVID-19.

Según informaron desde la Confusam, la acción penal se ingresó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago e incluye a “las autoridades de Salud”. El escrito imputa los delitos de denegación de auxilio y cuasidelito de homicidio, entre otros.

La presidenta del gremio, Gabriela Flores, sostuvo que “a pesar de estar en plena propagación de la variante Delta, el gobierno está ad portas de anunciar las modificaciones del plan Paso a Paso para facilitar una mayor movilidad haciendo caso omiso a las advertencias de los propios trabajadores y de la comunidad científica, lo que nos llevará a una cuarta ola de contagios con nefastas consecuencias”.

“La querella es una acción que busca llamar la atención y sancionar el actuar indolente de un gobierno que no escucha a nadie más que a los grandes empresarios de este país, que se han seguido enriqueciendo en esta pandemia a costa del dolor de la gente”, agregó.

Finalmente, Flores enfatizó en que “la CONFUSAM no se quedará de manos cruzadas esperando a que este gobierno cambie el rumbo de su desastrosa gestión, que no ha hecho nada por resguardar las fronteras del ingreso de nuevas variantes que costarán las vidas de muchos chilenos, dando explicaciones que sólo dan cuenta de una negligencia tras otra. Al contrario, seguiremos exigiendo responsabilidad y justicia en el manejo de esta pandemia”.

Luego que el pasado 24 de junio se confirmara el primer caso de la variante Delta de COVID-19 en el país, correspondiente a una mujer residente en Estados Unidos, se multiplicaron las críticas hacia las autoridades de gobierno. Si bien la contagiada no habría respetado las medidas sanitarias, en un hecho que la Fiscalía ya está investigando, lo sucedido puso en evidencia los problemas de protocolos.

Esto provocó la presentación de una querella por parte del abogado Luis Mariano Rendón, esta vez dirigida en contra del ministro de Salud, Enrique Paris, la subsecretaria Paula Daza y la Seremi de Salud, Paula Labra. “Yo como ciudadano, abogado, hago lo que está a mi alcance, pero sin duda que aquí, además de la responsabilidad penal, (por lo) que estoy pidiéndole al Ministerio Público y a los tribunales que se imponga, también hay responsabilidades políticas”, justificó Rendón.

Otra polémica ocurrió luego que se confirmara otro caso, esta vez de un lactante de siete meses que venía de un viaje también a EE.UU., a cuya familia se le permitió la salida del país para participar de un seminario de la fundación conservadora “Coalición Fe y Libertad”.

Pero, más aun, se descubrió que el padre del bebé era el cuñado del jefe de gabinete del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, lo que llevó a acusaciones de favoritismos y privilegios por parte de políticos de la oposición. “De qué cierre de fronteras estamos hablando cuando el cuñado del jefe de gabinete del ministro del Interior pasa ‘como Pedro por su casa’ porque es amigo de los que tienen poder”, fue la opinión del diputado Juan Luis Castro (PS), junto con lo cual anunció una interpelación a Delgado.

Ante esto, el jefe de gabinete aludido puso su cargo a disposición y la renuncia fue aceptada por el secretario de Estado.