Chile debe lidiar con la recuperación de la actividad económica post pandemia, pero también debe combatir la desigualdad. Es necesario invertir importantes sumas que se hagan cargo de los rezagos de los sistemas de salud, de vivienda, de educación y, en particular, de pensiones.

Esos recursos representan una inversión en cohesión social y en estabilidad política. Tales intangibles constituyen las bases sobre las cuales es posible desarrollar una democracia sana que cuente con la confianza de la ciudadanía.

El aporte tributario de la economía chilena muestra un gran rezago respecto de referentes internacionales. Lo mismo ocurre con su gasto público y con su gasto social, enmarcados en un bajo nivel comparado de deuda pública.

Para avanzar en la reducción de estas brechas, es indispensable que la reforma tributaria que impulsa el Gobierno del Presidente Boric progrese en su trámite legislativo y llegue a puerto con una ambición recaudatoria que responda a los rezagos en materia de derechos sociales.

En esa línea, un grupo mayoritario de diputados de la Comisión de Hacienda de la Cámara, que preside el diputado socialista Jaime Naranjo, ha presentado una indicación que propone la creación de un Impuesto a las Transacciones Financieras.

Tal impuesto tiene un importante potencial de ingresos tributarios, del orden de US$ 4.900 millones. Su recaudación es simple, de bajo costo y de fácil fiscalización. Con un carácter eminentemente progresivo, es un instrumento idóneo para una sociedad con alta desigualdad de patrimonios e ingresos como la chilena. La baja tasa que la indicación parlamentaria recomienda asegura un limitado efecto distorsionador en el funcionamiento del mercado financiero.

Además, este impuesto se aplica exitosamente en diversos países de la OECD, como Alemania, Japón, Suiza y Francia, entre otros 32 países del mundo.

La Comisión Económica del Partido Socialista considera relevante la propuesta de los Diputados y espera que ella sea patrocinada por el Ejecutivo (Gobierno y Ministerio de Hacienda) de modo que forme parte del proyecto de reforma tributaria que se tramita en el Poder Legislativo.