Se aprobó esta propuesta: "A la entrada en vigor de la presente Constitución se extinguirá la propiedad de las concesiones mineras".

Este sábado la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional votó 12 propuestas relativas a la explotación y propiedad minera en Chile, ingresadas por los convencionales o a través de iniciativas populares y que reinstalan la nacionalización de las empresas mineras una vez que se apruebe la futura Carta Magna, tal como lo reseña el Artículo 6 Transitorio, de la iniciativa 873-5 de la Convención Constitucional:

“El Estado tomará posesión inmediata de estos bienes en la oportunidad que determine el Presidente de Chile, quien tendrá como plazo máximo de 1 año desde la promulgación de la nueva Constitución para implementar dicha disposición”

Aunque no hay claridad si habrá indemnización para las compañías debido a que hay una contradicción al plantear que “no habrá lugar a indemnización alguna por los derechos sobre sustancias minerales y de hidrocarburos”, pero también indica que será la Contraloría la que determinará el monto a indemnizar aunque también señala que la indemnización será según el valor contable de la empresa.

Se establece además que el Presidente de la República fijará el monto definitivo de la indemnización y dicho pago tendrá un plazo máximo de 30 años.

La iniciativa también dice que en un plazo de tres años se someterán a evaluación ambiental todos los proyectos mineros cuya operación comenzó antes de 1993, y que se caducarán inmediatamente las concesiones existentes en áreas de exclusión (como glaciares) y en tierras indígenas.

También se aprobó la propuesta de dominio minero (721-5), que en su primer artículo dice que “a la entrada en vigor de la presente Constitución se extinguirá la propiedad de las concesiones mineras”, y que los titulares de las concesiones mineras vigentes tendrán un plazo de cinco años para adecuarse al nuevo régimen jurídico.la

Otra norma aprobada, la 882-5, establece en su artículo transitorio que quedarán “sin efecto todas las concesiones mineras otorgadas bajo la vigencia de los códigos de minería de 1932 y 1983″, y que se creará un sistema a cargo de Sernageomin para entregar licencias  o permisos.