En general se aprobó en la Comisión de Economía el proyecto refundido que busca prohibir que se comuniquen las obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, mientras esté vigente el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe decretado con motivo de la pandemia de Covid-19 y por el tiempo adicional que señala.

La diputada Carolina Marzán, una de las autoras de los proyectos refundidos, señaló “estamos viendo cómo personas naturales y empresas están agobiadas por los retrasos en sus pagos, por una evidente falta de liquidez financiera, lo que está originando no sólo atrasos y renegociaciones, sino también proceso de insolvencias y quiebras”.

“La finalidad es única y clara: facilitar el acceso a los créditos dispuestos ante la emergencia del COVID-19 para aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que están en DICOM, para que este no sea considerado al momento de la evaluación crediticia con el objetivo final de que estos sean concedidos por la particularidad del momento que vivimos y el Estado como garante del endeudamiento”, señaló la parlamentaria.

Asimismo Marzán comentó “creemos que es justificable el evitar la publicación, información o comunicación de estas obligaciones impagas, por al menos durante un período de tiempo transitorio que incluya la vigencia del estado de catástrofe y hasta 180 días tras su cesación, con el objetivo de que el “historial financiero” de las micro, pequeñas y medianas empresas no se vea doblemente castigado con la crisis, tomando en cuenta que, de manera obvia, el acceso a crédito e inyección de liquidez serán esenciales para la reactivación económica de los emprendimientos y empresas de menor tamaño”.

En cuanto a las personas naturales la representante del distrito 6 dijo que “es imposible reactivar la economía si le cerramos la puerta a todos quienes tienen morosidades, personas que seguimos viendo que no pueden optar a ningún beneficio del Gobierno y necesitan créditos o ayudas para volver a comenzar”.